El miércoles merendamos con
que los datos que divulgaba
el grupo de expertos del
gobierno responsable de la difusión
de la información sobre la epidemia
del Covid-19 fueron multiplicados
por ocho para coincidir con las
tendencias internacionales creíbles
y las filtraciones en las redes sociales
de lo que estaba ocurriendo en los
hospitales y la supuesta instrucción
de no registrar correctamente la
causa de las defunciones.
De esta manera, los casos de
contagio crecieron de un poco
más 3 mil registrados a 26.5 miles
estimados aplicando un modelo de
Vigilancia Centinela establecido
en el 2006, que el subsecretario
de salud intentó explicar, la prensa
cuestionó y los seguidores de las 4T
creen a pie juntillas.
La discusión sobre los números
no se hizo esperar y las invocaciones
al pasado calderonista, en cuyo
gobierno participaron los médicos
del equipo científico de AMLO,
recordaron que esta forma de
levantar estadísticas se utilizó en
la pandemia del H1N1 de 2009,
avalada por la OMS.
Lo importante es que el
juego de los guarismos y el chiste
presidencial recurrente en el que
Él manifiesta que tiene otros datos
minan la credibilidad social en el
gobierno y el ciudadano común y
corriente pierde la brújula. ¿Por
qué el festival Vive Latino no se
suspendió y el tradicional Vía Crucis
de Iztapalapa se debe escenificar
a puerta cerrada? La explicación
gubernamental es que se trata de
medidas en distintas etapas de la
evolución de la pandemia.
Las autoridades locales, gobierno
de la Ciudad de México y Alcaldía
de Iztapalapa deben lidiar con
este “problema” de comunicación
y para evitar las concentraciones
de personas asintomáticas deben
utilizar la fuerza pública preventiva
y disuasivamente. El peligroso
mensaje que se manda cuando la
comunicación social gubernamental
es equívoca consiste en que “ni ellos
se ponen de acuerdo, por lo que el
riesgo de contagio no existe, que es
una invención de la mafia del poder
y, por lo tanto, no permiten que el
pueblo viva su Fé”.
Por otro lado, las autoridades
financieras pierden credibilidad.
Un día se anuncia con bombo y
platillo en las mañaneras que
se dispondrá de más de 700 mil
millones de pesos de la extinción
de los fideicomisos y una semana
después, en una entrevista
improvisada en Palacio Nacional,
el Secretario de Hacienda aclara
que sólo se utilizarán los recursos
de los fideicomisos públicos que
las dependencias utilizaron para
hacer “guardaditos” con el sobrante
de los ejercicios presupuestales
que por norma debieron regresar
a la Tesorería de la Federación y
no se afectarán los fideicomisos
establecidos en ley y mucho menos
las reservas de estabilización. Esta
explicación tranquiliza y explica
el origen de los recursos para el
adelanto de los programas sociales
y los créditos a la micro, pequeña y
mediana empresa.
El secretario aprovecha para
puntualizar que no hay cerrazón
gubernamental para revisar la
propuesta del Consejo Coordinador
Empresarial, en la que se incluye
como parte de los recursos
disponibles para financiar una
política económica anticíclica
los fondos de estabilización y los
que se liberarían del registro de
la deuda pública neta como bruta.
Sin embargo, también afirma que
todavía no es el momento de utilizar
ese ahorro social.
Los otros datos sólo sirven
para sostener posturas ideológicas
que tienden a la fractura social y
política. No contribuyen a generar
un ambiente de armonía y unidad
que se requiere.
El gobierno muestra fisuras
con el manejo “político” de las
cifras. Los empresarios se dividen
y cuestionan sus propios liderazgos.
La confianza social en el grupo de
expertos disminuye y la efectividad
de sus recomendaciones, que en
realidad son disposiciones generales
obligatorias.
El peligro de los otros datos
es la desconfianza en el gobierno
y sus acciones y la consecuencia
desobediencia civil como pudo
haber ocurrido en Iztapalapa si
la policía no hubiera confinado el
Predio de la Pasión. Eso no debe
volver a ocurrir. Sucedió en 1985 en
el gobierno de Miguel de la Madrid,
que ocultó las cifras de muertos
por razones de Estado. Hoy, si en
verdad es un gobierno distinto a
los autoritarios del pasado, la
transparencia debe ser la norma de
actuación. Sin embargo, la confusión
surge desde el púlpito de las
mañaneras y eso afecta, obstaculiza,
el trabajo de los funcionarios
buenos y profesionales.
Quien se atreve a discrepar
de los otros datos del presidente
se arriesga a ser desmentido
públicamente. Esperemos que no
haya reacción a las aclaraciones
y precisiones que el secretario
de Hacienda hizo para atajar
inquietudes y dudas que surgieron
sobre el plan de emergencia para
atender la crisis económica derivada
de la epidemia del Covid-19.
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