🖊Opinión | El proyecto del Ministro Franco sobre “La Ley Bonilla”

Este próximo lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y aprobará, en su caso, el proyecto de sentencia presentado por el Ministro José Fernando Franco González quien propone invalidar la cuestionada “Ley Bonilla”.

Se trata de un proyecto elaborado por un experto en la materia electoral lo que ya de suyo genera confianza, pues además de haber sido magistrado de aquel Tribunal de lo Contencioso Electoral que sentó las bases para integrar un órgano jurisdiccional electoral especializado como el que ahora tenemos, también fue Presidente del otrora Tribunal Federal Electoral, órgano que precedió a lo que hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Partiendo de esta importante anotación, intentaré presentar un par de argumentos en relación a este proyecto, esperando no trastocar el trabajo profesional y bien cuidado del señor Ministro Franco González. 

Me parece que el argumento central del proyecto, radica en la obligación que tiene toda autoridad de preservar -en todo momento- los principios de certeza y seguridad jurídica en cada acto y resolución de naturaleza electoral. En este caso, si la convocatoria que se emitió en el Estado de Baja California para elegir a la o el Gobernador Constitucional de ese Estado, expresamente señaló que el periodo de mandato sería por dos años, no es posible cambiar esta disposición esencial durante o una vez concluido el proceso electivo, como aconteció en la especie.

En el mismo sentido, es dable señalar que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, establece que toda ley o disposición de carácter electoral, ya sea federal o local, debe promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral, y durante el mismo no podrán darse modificaciones fundamentales.

Pero además del análisis positivista que se pueda hacer de dichos principios y la propia norma fundamental, hay otro tópico vinculado con la protección de derechos fundamentales que se debe valorar, pues no hay que olvidar que la elección de nuestros representantes constituye un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, concretamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, y si bien pudiera decirse que en el caso particular no se actualiza alguna violación al derecho humano de votar en tanto que la ciudadanía bajacaliforniana pudo emitir libremente el sufragio en las elecciones del 2 de julio de 2019, lo cierto es que la elección de nuestros representantes implica -además de la definición de quién será la persona que ejercerá el puesto de elección popular- una definición respecto del periodo del mandato.         

De esta manera, queda claro que la elección en comento definió el periodo de mandato del titular de la Gubernatura en turno, que en este caso es de dos años; en esta virtud, bajo el parámetro de control de la regularidad de las normas, la desafortunada “Ley Bonilla” debe declararse inconstitucional, con lo que se estaría garantizando el derecho fundamental de la ciudadanía de Baja California de elegir por un periodo determinado a su Gobernante. 

Bajo este escenario, es casi un hecho que en el Estado de Baja California se renovará en el año 2021 la Gubernatura, lo que implicará un nuevo ejercicio libre del derecho al voto, así como la posibilidad de que en esa entidad de la república se siga recreando nuestra Democracia.

@David_ArambulaQ

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