El pasado 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por parte del Poder Ejecutivo Federal por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Ante este ordenamiento se suscitó un debate sobre las consecuencias de dicha medida, sin embargo, es necesario explicar en primer lugar qué es un fideicomiso público y cómo operan en la actualidad, para lo cual se dará a conocer en varias entregas el libro publicado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC publicado en el año 2018 titulado “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.
Los fideicomisos públicos son herramientas financieras que el Estado constituye para impulsar determinados fines de interés público. Tanto su estructura como su regulación hacen complejo el seguimiento al uso de los recursos públicos involucrados. En los fideicomisos intervienen diversos sujetos de derecho, que pueden pertenecer a distintos ámbitos públicos. Además, son figuras que se siguen regulando por disposiciones de derecho privado –como leyes financieras, bancarias, mercantiles–, a la vez que están sometidas a disposiciones de derecho público –como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En la práctica sólo se encuentra información disponible acerca de los recursos públicos en fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cuenta Pública, informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Ésta, sin embargo, no es suficiente ni está desagregada. Por ejemplo, no es posible conocer el concepto de gasto, los estados de cuenta ni la información sobre las contrataciones para el cumplimiento de los fines de los fideicomisos, ni mucho menos, el avance hacia el cumplimiento de sus objetivos. La información accesible, además, está desperdigada.
Al menos 123 fideicomisos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas que se rigen por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad de las operaciones que realizan. Este grado de confidencialidad, y falta de transparencia, se debe a que el marco jurídico público sólo contempla a los fideicomisos que se constituyen desde las entidades públicas y con recursos públicos, y presta poca atención a los que se constituyen desde entes privados. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene registrados 374 fideicomisos públicos a nivel federal. De éstos, 19 se consideran entidades paraestatales, es decir, que cuentan con estructuras internas de vigilancia y control, como sucede en las dependencias de la administración pública; hay un fideicomiso en el Poder Legislativo; doce en el Poder Judicial; cinco en organismos autónomos, y 337 se consideran entidades no paraestatales, es decir, como simples contratos financieros.
La dimensión del problema acerca de los fideicomisos se entiende mucho mejor si revisamos los montos que actualmente concentran los 374 fideicomisos públicos existentes a nivel federal. 835 mil 477 millones de pesos (mdp), que representan el 15.8 por ciento de todo el presupuesto público para 2018, es decir, más de 20 veces el presupuesto autorizado para llevar a cabo el proceso de reconstrucción después de los sismos del 2017. El 92 por ciento de estos recursos, es decir 772 mil 063 mdp, se concentran en fideicomisos considerados No Entidad Paraestatal, lo cual conlleva amplios riesgos de opacidad ya que éstos no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. Cabe mencionar que estos fideicomisos se destinan principalmente a tres rubros: i) cinco fideicomisos para la estabilización financiera, como el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ii) 38 fideicomisos de infraestructura pública, como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y iii) diversos fideicomisos de apoyos financieros, como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf
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