🖋️ Opinión | Austeridad Fiscal (Última parte)

En las próximas entregas se estará escribiendo en este espacio sobre una política económica que ha resultado polémica, con opiniones encontradas, que ha tomado auge en los últimos lustros y con mayor fuerza tras la crisis hipotecaria de 2008 en diversos países a nivel mundial: la austeridad fiscal. El Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República en el número 100 de la serie Notas Estratégicas titulado “Austeridad Fiscal y Crecimiento Económico” aborda esta política desde el punto de vista teórico y muestra a su vez los resultados de su implementación en México desde 1990 en algunos casos. Cabe recordar que para el país la austeridad fiscal comenzó a mediados de la década de los ochenta.

Tras la crisis financiera de 2008 se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que el gobierno debía definir el número de años en que incurriría en déficit fiscal y las acciones necesarias para regresar a un presupuesto balanceado. No obstante, pese a la recuperación económica de 2010-2012, el país siguió financiando parte de su gasto con déficit dando por resultado una mayor deuda pública. Es decir, el mayor gasto y déficit público se mantuvieron en la etapa de recuperación.

El gasto programable como proporción del PIB se ha reducido los últimos años al pasar de 20.7% del PIB en 2016 a 17.6% en 2017 (en 2019 se ubicó prácticamente en el mismo nivel, 17.5% del PIB). Esta reducción fue aparejada de un menor gasto en la función de desarrollo económico, la cual pasó de 7.0% del PIB en 2016 a 4.9% en 2019. También se redujo el gasto para la función gobierno, que pasó del 1.8% del PIB a 1.5% en el mismo período. Llama la atención que, como proporción del PIB, incluso el gasto en desarrollo social pasó de 12.1% del PIB en 2015 a 11.0% en 2019. En la estructura del gasto funcional como proporción del total se observa también una menor asignación de recursos a la función de desarrollo económico (la cual pasa de 33.9% del total en 2016 a 28.0% en 2019); el gasto de la función gobierno se mantiene prácticamente constante a lo largo del período. La inversión en el país ha mostrado una tendencia a la baja. El componente privado de la formación bruta de capital fijo se ubicó en 16.7% del PIB en 2019 (su nivel más bajo desde 2015 cuando fue de 18.0% del PIB); en tanto que el componente púbico fue de 2.6% del PIB en el mismo año (menos de la mitad del 5.97% del PIB que se observó en 2009).

La inversión es un elemento esencial en el crecimiento económico y que su reducción ocasiona no solamente un menor crecimiento actual, sino que reduce el crecimiento potencial de la economía en el futuro, afectando con ello no solamente el nivel de vida de la población, sino que tiene influencia incluso en la recaudación potencial. La reducción en la inversión pública ha sido utilizada como una variable que permite equilibrar las finanzas públicas, es decir, al no incrementarse los ingresos públicos, pero al existir presiones al alza en el gasto público, la reducción en la inversión pública permite equilibrar el presupuesto. Sin embargo, este comportamiento de la inversión pública ha erosionado la capacidad de crecimiento del país.

Como se ha podido apreciar en las tres entregas que se han elaborado sobre la austeridad fiscal esta política no ha tenido, por lo menos en México, un impacto positivo para generar un mayor crecimiento económico, por el contrario, cuando se ha disminuido la inversión pública se ha mermado dicho crecimiento en los años posteriores. Así entonces, más que una política de carácter económico, la austeridad fiscal puede considerarse como una medida para lograr frenar la irresponsabilidad en el manejo de recursos públicos de años atrás y por lo menos desde hace dos años, cambiar la percepción de la forma de administrar el gasto público.

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