Alto a los desarrolladores de vivienda rapaces

Por Alberto de la Rosa Olvera

 

Alto a los desarrolladores de vivienda rapaces

 

Es una gran diferencia legislar por ocurrencia a legislar con visión, producto del diagnóstico previo de la situación y del conocimiento del territorio y la población para proponer reformas que sean de gran utilidad.

Traigo esto a colación, porque en el segundo distrito local, imperan los problemas que enfrentan las familias que adquirieron viviendas en fraccionamientos irregulares que fueron construidos por desarrolladores rapaces, y este conflicto provoca la falta de servicios públicos.

Por esta razón, es que el representante popular de este distrito, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano, con el objetivo de crear las disposiciones legales que hagan más accesible el cumplimiento de los requisitos para lograr la municipalización de los centros habitacionales.

Ricardo Pacheco, durante sus campaña de proselitismo, se encontró con buen número de fraccionamientos en condiciones irregulares, y en ellos, escuchó invariablemente el clamor de sus habitantes por la falta de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público, policía y tránsito, entre otros.

En su exposición de motivos, Ricardo Pacheco pidió al pleno de Legisladores, instruir a la Comisión Legislativa que se encargará de dictaminar el planteamiento, ventilar el contenido de la Iniciativa con los diferentes sectores de la sociedad involucrados, como son los fraccionadores, constructores, promotores de vivienda, Ayuntamientos, organismos autónomos que proporcionan los servicios de agua potable, limpia, etc., cámaras empresariales y de profesionistas, entre otros. Esto en un ejercicio de Congreso Abierto para hacer copartícipes a los sectores sociales en la construcción de la reforma correspondiente.

El espíritu de esta reforma, es que los desarrolladores de vivienda deberán garantizar a quienes adquirieron un patrimonio de bienes raíces, que se cuente con todos los servicios urbanos, conforme lo hayan estipulado en los contratos de compra-venta, según las quejas que los diputados han captado de los inconformes.

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