Por Alberto de la Rosa
El pasado 28 de septiembre del año en curso el Pleno del Congreso del Estado, votó en contra de una iniciativa popular que proponía la despenalización del aborto en Durango y al respecto, quiero hacer algunos apuntes sobre la no criminalización de las mujeres por abortar.
La lucha por el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las mujeres se ha venido dando de manera progresiva, de tal manera que sea posible hoy en día, poner en la mesa temas que generan diferentes opiniones públicas, como lo es el de la despenalización del aborto.
Desde el año 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios a favor de la despenalización del aborto en nuestro país. Cobra relevancia la sentencia de fecha 7 de septiembre del 2021, derivada de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, teniendo como efecto avances en la materia de protección al derecho humano de la salud de las mujeres al considerar que no se les debe criminalizar por abortar.
Como consecuencia de lo anterior, leyes y ordenamientos como las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en nuestro país, han regulado que el derecho humano a la salud de las mujeres sea brindado por el Estado bajo los principios de protección amplia de los derechos humanos, calidad, calidez, eficacia y trato digno para todas las personas.
Sin embargo, es una realidad, que hoy en día el tema de la despenalización del aborto no goza de la aprobación de la mayoría de los integrantes de la sociedad, para lo cual es menester impulsar políticas de culturización de los derechos humanos, para que de manera progresiva la cultura del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas sea una realidad.
Hoy más que nunca el trabajo de la promoción de la cultura de los derechos humanos respetando las distintas formas de pensamiento, cobra un papel importante en la sociedad, pues a través de este medio, día con día, se dejarán de normalizar las violaciones a derechos humanos en nuestro país.
Debemos refrendar nuestro compromiso con la sociedad para procurar la garantía de los derechos humanos de las mujeres, como los son el derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad. Dejando abierto el espacio para que la sociedad civil se sume al trabajo siempre a favor de los derechos humanos.
