Bases constitucionales del matrimonio igualitario 

Por Alberto de la Rosa Olvera

 

Bases constitucionales del matrimonio igualitario

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en un proceso evolutivo permanente a raíz de la reforma de hace una década, que trajo consigo el nuevo paradigma de los derechos humanos, cuya piedra angular, sin lugar a dudas es la igualdad ante la ley y por ende, la no discriminación de las personas.

La visión garantista de los derechos fundamentales que quedó plasmada en el Texto Constitucional a partir de la reforma de 2011, en consonancia con los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano plasmó su reconocimiento y validez, derivó en un control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, en donde el principio de igualdad y la no discriminación, son el hilo conductor del garantismo.

De lo anterior se desprende que los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar del mismo las regulaciones de tipo discriminatorio y en fijar estándares que combatan las prácticas discriminatorias. En este sentido y a la luz del Artículo Cuarto Constitucional, que consagra la igualdad ante la ley, se desprenden los siguientes elementos:

  1. No permitir disposiciones jurídicas discriminatorias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó en claro que la creación de figuras especiales para tratar de manera alternativa la unión entre personas del mismo sexo para no encuadrarlas en la figura de matrimonio por su significado teleológico, tales como sociedades de convivencia o matrimonio gay, eran discriminatorias y por ello es que ahora los colectivos Lésbico, Gay, Transexuales, Transgénero, Bisexuales, han pugnado por denominarlo Matrimonio Igualitario, lo cual va más a tono con el principio de la igualdad en comento; en cambio las diferentes iniciativas que se han presentado para pretender regularlo, solo disponen que todas las personas mayores de edad pueden contraer matrimonio, sin hacer énfasis en el género ni en las clasificaciones de esta institución jurídica.
  2. Eliminar regulaciones discriminatorias. El Máximo Tribunal Constitucional de México, ha determinado que los códigos civiles de las entidades federativas que siguen contemplando la figura del matrimonio como una institución que se da entre hombre y mujer para perpetuar la especie, tiende a discriminar a las personas con preferencias sexuales diversas; por ello es que se ha manifestado en que estos ordenamientos deben ser modificados pero al mismo tiempo, el principio Pro Persona, establecido en el artículo primero constitucional, obliga a las autoridades de los Registros Civiles a interpretar estos dispositivos legales en función de lo que más convenga a los derechos de las personas que deciden contraer matrimonio.
  3. Combatir las prácticas discriminatorias. El Estado, por medio de sus poderes constituidos, debe crear políticas públicas, protocolos y legislación que propicien tanto la prevención como la erradicación de cualquier tipo de discriminación, ya sea por razones de género, religión, raza, color de piel, idioma, convicción, etc. En este sentido y basado a la progresividad de los derechos humanos, el matrimonio igualitario representa un avance significativo para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y formar una familia bajo un entorno de respeto y tolerancia.

Bajo todo este contexto, podemos encontrar que la Constitución Mexicana contiene diversas cláusulas de igualdad. Partiendo del artículo 1, primer párrafo, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la norma fundamental así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Igualmente, el quinto párrafo del citado precepto fija de manera categórica la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, expresiones de pensamiento, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que el principio de igualdad y no discriminación permean en el andamiaje jurídico del orden público internacional y nacional.

De esto se colige que la igualdad ante la ley que establece el artículo cuarto constitucional debe ser visualizada como una restricción para evitar el trato arbitrario tanto en la confección de leyes como en su interpretación y aplicación, haciendo hincapié en la distinción entre hombres y mujeres.

Todo lo anteriormente expuesto, es lo que ha dado pie a los pronunciamientos de la Corte en favor del matrimonio igualitario, pues se trata erradicar disposiciones inconstitucionales e inconvencionales que aún se mantienen en diferentes entidades federativas y es, sin lugar a dudas, por las resistencias políticas, sociales y hasta religiosas que campean en México, detalles que se analizarán en el siguiente apartado.

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