Covid-19 y desconfianza de inversionistas

Juan Pablo Arreola Torres

Mientras en Durango encaramos la crisis por el Coronavirus (Covid-19), con la frente en alto y en alerta para encausar cualesquier manifestación de esta que incida en la propagación de la misma, observamos cómo algunos negocios han tenido que cerrar sus puertas por falta de clientes, en consecuencia se observa que: primero que la sociedad ha reaccionado positivamente a las medidas de prevención; segundo, que muchas empresas deberán ser objeto de atención especial, tanto fiscal como de apoyo financiero para seguir adelante, lo que ya está previendo el gobierno de Aispuro Torres.

Por su parte observamos que el gobierno de López obrador envía señales nada halagüeñas para los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, así pues, si el gobierno quiere apostar a la inversión privada –extranjera, en este caso– para mitigar los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, acaba de enviar una pésima señal con la consulta popular sobre la planta de la cervecera Constellation Brands en Baja California.

Se cuestionan el proceso y el resultado de la consulta realizada el pasado fin de semana en Mexicali, en la que 76 por ciento votó en contra del proyecto, pero con una participación mínima de la población, lo que se advierte quela misma consulta está sesgada, otra trampa para complacer a pequeños grupos de improvisados como lo que sucedió en Gómez Palacio con el Metrobús.

Sin permisos subsecuentes de la Conagua, ya no se terminará de construir la planta de cerveza, pese a que el avance es de 60 por ciento y la empresa estadounidense lleva invertidos 900 millones de dólares de mil 400 millones comprometidos.

La inversión privada se mantendrá en el compás de espera en que ha estado desde hace tiempo y la incertidumbre generada por las dudas en las políticas públicas de la 4T, que siguen apuntando a un cambio de rumbo, estará lejos de disiparse. Aunque también hemos de decir que el gobierno ya ofrecido otros lugares donde podría establecerse la empresa, ya se verá que resultado hay en las pláticas.

Lo que sí es importante subrayar es que, en este momento, no puede decirse que el gobierno lleva a cabo acciones para recuperar la confianza empresarial, pues vuelve a haber una alta percepción de riesgo sobre México.

No “se avizora” una crisis económica, la crisis ya está entre nosotros, los costos son evidentes y el gobierno federal sigue en una extraña atonía, quizás pensando que las emergencias, económica y sanitaria, nos castigarán, pero, finalmente, pasarán y seguiremos adelante.

Ya entramos en los días uno del aislamiento social y la economía sigue en caída libre: empresas y plantas industriales comienzan a cerrar, como lo han hecho ya restaurantes, comercios y hoteles, las líneas aéreas están a punto del colapso, al igual que el turismo. Las remesas caerán drásticamente porque los latinos serán de los más afectados por las medidas de aislamiento en los Estados Unidos, mientras que el precio del petróleo apenas cubre el costo de producción.

Ante esto, el fin de semana el gobierno federal insistió, vía redes, en explicar que “El @GobiernoMX afronta la contingencia de salud, cuidando la economía popular: No aumentarán los precios de las gasolinas, la luz o el gas. No aumentaremos impuestos. La pensión para adultos mayores se adelanta un bimestre y mantendremos todos los programas sociales”.

O sea que seguirán como si nada sucediera, cuando el mundo está tomando medidas de todo tipo, sobre todo fiscales y de protección a sus empresas y empleos, para paliar, en lo posible, una crisis que se prevé más profunda que la del 2008, en sus consecuencias inmediatas.

Pero, además, se cometen errores que serían inadmisibles en cualquier momento, pero que son incalificables en medio de una crisis. A través de una consulta popular ilegítima, sin viso alguno de legalidad, se cancela la construcción de una planta cervecera en Mexicali. 

Es como una repetición de lo del aeropuerto de Texcoco, de menor dimensión económica, pero de mayor impacto en los inversionistas: si lo de Texcoco fue una insensatez respecto a una obra construida con recursos públicos, aquí se está violando la seguridad jurídica de una empresa privada que tenía todos los permisos y que ya había invertido sus propios recursos en la construcción de una planta.

Se podrá argumentar que el gobierno puede indemnizar a la empresa. Pero ese es un sinsentido mayor: terminaremos pagando con recursos públicos (como en Texcoco) por no hacer la obra mucho más que por concluirla. Con el agravante de que la empresa afectada, muy probablemente, recurrirá ante los tribunales del nuevo T-MEC y tendrá una indemnización aumentada por una evidente violación a las normas del tratado.

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