El derecho de acceso a la información en materia electoral

David Arámbula Quiñones

 

El derecho de acceso a la información en materia electoral

 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Esto supone la obligación para las autoridades de asegurar este derecho humano de naturaleza transversal, mismo que permite dar vigencia a otro tipo de derechos que son esenciales en todo estado democrático de derecho, como lo son los derechos político-electorales.

De esta manera, y como ocurre con las distintas figuras que convergen a la materia electoral, el derecho de acceso a la información pública adquiere ciertos matices que lo van diferenciando de otros campos o disciplinas del derecho.

Así, este derecho -vinculado con la materia electoral- tiene una connotación particular, concretamente, se debe considerar que si se solicita información dentro de un proceso electoral, esta debe entregarse de inmediato, pues tal información constituye un insumo fundamental que permite dar seguimiento y vigilar los procesos electorales; en este sentido, si algún partido político, candidato o un ciudadano solicita información vinculada con el proceso electoral, la autoridad debe entregarla de inmediato, sin que medie más tiempo que el necesario para reproducir los documentos y entregarlos al solicitante.

Este criterio fue sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en la sentencia que recayó al expediente del Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave SUP-JRC-40/2010, promovido contra la omisión atribuida al Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz, de expedir las copias solicitadas.

La información solicitada estaba vinculada con el proceso de selección de las y los aspirantes al cargo de Capacitadora o Capacitador-Asistente Electoral y de Supervisora o Supervisor de Capacitación para un proceso electoral local.

Al resolver, la Sala Superior estimó fundados los conceptos de agravio del partido actor, y ordenó al Consejo General del organismo local electoral que proporcionara de manera inmediata la información solicitada por el partido político demandante.

De esta manera, en algo que es digno de destacarse, el máximo órgano jurisdiccional electoral del país sostuvo que para este tipo de solicitudes no son aplicables los plazos previstos en la normativa local para la atención del derecho de petición.

En este sentido, se razonó que en el caso controvertido, existían características especiales que obligaban a la autoridad a entregar de forma inmediata la información solicitada por los partidos políticos, sin que mediara más tiempo que el necesario para integrar la información y notificarla al solicitante.

Lo relevante de la ejecutoria, lo constituye el hecho de que se calificó a la información solicitada por el partido político actor, como un insumo fundamental para que un representante de partido político (como integrante de un Consejo General), cumpla con su papel de ser garante de los procesos electorales, por lo que, se debe tener acceso oportuno a la información que se genere durante la secuela de un proceso electoral, salvo que tenga el carácter de reservada o confidencial.

Como se puede advertir, en materia electoral, el derecho de acceso a la información pública adquiere un matiz especial si se ejerce dentro de un proceso electivo, en este caso, el criterio de inmediatez debe guiar la actuación de las autoridades electorales, de tal manera que se debe asegurar a los partidos políticos o ciudadanos solicitantes toda la información y la documentación necesaria para que puedan ejercer sus derechos políticos y ser vigilantes de las contiendas electorales.

Me parece esencial que a partir de ese criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, -como ha ocurrido con otros temas selectos del derecho electoral- se debe establecer de manera expresa en una disposición jurídica este criterio fundamental. En este sentido, la decisión del máximo órgano jurisdiccional del país, bien pudiera constituir una fuente más del derecho a la información en materia electoral.

 

@David_AambulaQ

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