El enredo de la gestión pública

Leopoldo Mendivil


Co
n la ambigüedad que se rige la 4T, el martes pasado el presidente López Obrador declaró que continuará la desaparición de las delegaciones que las distintas dependencias federales tienen en los estados. La decisión, como muchas de la presente gestión, deja la impresión de ser una maraña.

Andrés Manuel López Obrador considera que los cargos de delegados eran “premios de consolación para los políticos”. No le falta algo de razón, pero la norma para las designaciones tenía candados; los delegados “debían contar con grados académicos en materias afines a sus atribuciones y haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiriera conocimientos y experiencia en materia administrativa” (IMCO, 2020).

Tales requisitos desparecieron en 2018 con la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal impulsada por AMLO; suerte para usted, don Carlos.

Con la nueva versión de la ley se crearon los súperdelegados, quienes sustituirían a las delegaciones federales en un plazo máximo de 180 días. A la fecha no sabemos cuántas han sido canceladas, ni el costo-beneficio que tal decisión ha tenido para la ciudadanía y para la implementación de políticas públicas. Por cierto, el adelgazamiento del aparato gubernamental es una medida muy neoliberal…

Cuando surgieron los súperdelegados pensé que su rol sería eminentemente político, pues a ellos se les asignó el manejo de los programas sociales; es decir, el reparto del dinero en mano a los beneficiarios y, de paso, hacer sombra a los gobernadores. Como sea, los súperdelegados quedaron ambiguamente adscritos, con un pie en la Secretaría de Bienestar y otro en la Presidencia.

Si para los anteriores delegados el puesto era de consolación, para los súperdelegados ha sido de promoción. Para febrero de 2020, por lo menos seis de ellos intentaron conseguir candidaturas… Gracias a los programas sociales se habían lucido; incluso, la entonces presidenta de MORENA, Yeidckol Polevnsky, denunció que los súperdelegados hacían un uso proselitista del censo de beneficiarios.

Cabe recordar que el Censo del Bienestar fue levantado por los Servidores de la Nación. La Auditoría Superior de la Federación reportó que era poco confiable, por tener “errores metodológicos que permitieron inflar el número de personas potencialmente beneficiarias, lo cual genera incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos”. O sea, peor que los padrones anteriores.

Para finales de 2020, la Secretaría de la Función Pública tenía 102 denuncias en contra de nueve súperdelegados por diversos delitos, tales como usurpación, mal ejercicio de recursos públicos, abuso de funciones, proselitismo, violencia de género y nepotismo. La Unidad de Inteligencia Financiera también indagaba sus movimientos económicos. A la fecha, no encuentro información oficial del resultado de las pesquisas. No me detengo en la gestión de su antecesor porque es un tema todavía más enredado.

No dudo que hubiera más delegaciones de las necesarias. Sin embargo, los súperdelegados no demostraron ser mejor opción desde ningún punto de vista.

Ahora que tomaron posesión los gobernadores morenistas de Michoacán y Sonora, el presidente informó que ellos manejarían directamente los programas sociales y que, conforme las gubernaturas se tiñan de guinda, les irá pasando la responsabilidad. Ello me lleva a plantearle tres preguntas, don Carlos:

1

. ¿Van a desparecer los súperdelegados en los estados morenistas?

2

. ¿AMLO decidió ignorar la Ley de Desarrollo Social? Lo digo por la famosa leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

3

. ¿Los gobiernos estatales emanados del PRI, el PAN y el MC también manejarán directamente los recursos; o sólo si son incondicionales a Palacio Nacional?

Investigación:

Upa Ruiz upa@delfos.com.mx

Puedes comentar con Facebook
Anuncios