Alberto de la Rosa Olvera
La Constitución mexicana ha pasado por diferentes periodos de reforma y a éstas podemos clasificarlas de acuerdo con el momento histórico en el que acontecieron; por ejemplo, las reformas decimonónicas fueron relacionadas con la búsqueda de la identidad nacional luego de la independencia de la corona española y la construcción de un sistema de libertades, cuya premisa era la erradicación de la esclavitud, para luego dar pie a la construcción de un Estado laico y nacional.
Las reformas del siglo XX, las situamos en el marco posrevolcionario, en donde las prioridades del constituyente fueron, sin lugar a dudas, consolidar las demandas sociales del movimiento armado de 1910 así como crear todo el andamiaje institucional con el reconocimiento de derechos a las personas que se ubicaran en el territorio nacional y que fueron denominadas garantías individuales, con un mecanismo de protección como es el juicio de amparo, que fue de las herencias del siglo XIX.
En la última fase de las reformas constitucionales de la centuria pasada, sobresalen aspectos relacionados con el sistema político-electoral mexicano; encontrar la fórmula para tener una democracia perfecta, que dio paso a una dictadura perfecta, como calificó el escritor peruano, Mario Vargas Llosa, al régimen presidencialista que fue en lo que degeneraron esos cambios a la Carta Magna, pues cada presidente quiso establecer su visión de gobierno y de ejercicio del poder en la Ley Máxima, transformando el texto constitucional en una carta programática sexenal, dejando de lado los derechos humanos, pues las prioridades eran los aspectos económicos para la manutención del poder.
Se podría decir que durante ese transcurso del tiempo, solamente se dieron pinceladas en materia de derechos humanos, nada concreto y mucho menos contundente.
Todo lo anteriormente comentado, es producto de un complejo proceso de estudios, reflexiones y análisis realizado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos especializados de las Naciones Unidas, partiendo del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de los derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Todo este discurrir dialógico iniciado en 2007, trajo como consecuencia la elaboración de una propuesta de reforma integral a la Constitución en materia de derechos humanos, la cual se vio cristalizada cuatro años después con la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, con la cual el Estado Mexicano ingresó al concierto internacional del reconocimiento y protección de los derechos humanos reconocidos tanto en la Norma Suprema como en los Tratados Internacionales. Traigo todo esto a colación, porque dentro esta reforma, se estableció la obligatoriedad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en tomar decisiones públicas con perspectiva de derechos humanos así como ver siempre lo que beneficie a los derechos humanos de las personas (principio pro persona) y me llamó la atención de que el gobierno de Esteban Villegas Villarreal, desde los primeros días de gobierno ha dado muestras de ejercer el poder con el contrapeso de los derechos humanos, pues acciones como el decreto mediante el cual se mandata a los Oficiales del Registro Civil a dar acceso al matrimonio a todas las parejas y recientemente, la dirección de esta dependencia que encabeza José Nazario Ortega, acaba de expedir las primeras actas de nacimiento en Braille, lo que contribuye a la accesibilidad para las personas invidentes. Esto sin duda, es gobernar con perspectiva de derechos humanos.
