La intervención del Estado en la economía

Por Daniel Arturo Campillo Campos

Ciertamente la noticia que generó mayor atención y comentarios a lo largo de la semana fue la votación no suficiente en la Cámara de Diputados para lograr las modificaciones constitucionales propuestas por el Ejecutivo Federal en materia eléctrica. En términos económicos uno de los planteamientos era la participación en el mercado eléctrico del 56% para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un 44% para la iniciativa privada. Al respecto me llamó poderosamente la atención el simplismo con el que muchos analistas retomaron la discusión en torno a un (posible) regreso al “Estatismo” como la peor de las regresiones y los males en materia económica.

En primer lugar, es importante resaltar que un Estado (no es lo mismo que gobierno) no es una empresa, no funciona ni debe funcionar como tal. La principal función de un Estado-Nación debe ser en todo momento el bienestar de su población teniendo como base tres políticas universales para lograrlo: 1) seguridad alimentaria; es fundamental tener la capacidad de producir el alimento suficiente para toda la sociedad. No se debe priorizar el comprar en el exterior aun y cuando pueda resultar más barato porque se corre el riesgo que en determinadas circunstancias se niegue la venta por parte de otros países. 2) salud; la salud es un derecho universal de todo ser humano, por tal motivo, es deber nacional la creación de la infraestructura hospitalaria, centros de atención y recreación. 3) educación; al igual que la salud, la educación es un derecho universal, por tanto, el Estado debe garantizar un espacio para cada habitante del país independientemente de su posición económica.

Ahora bien, la posesión de los recursos naturales son también propiedad de la nación donde se encuentran, jurídicamente se pueden establecer concesiones con la correspondiente contraprestación económica por tal explotación como el caso de minerales como el oro, la plata, plomo, zinc, por mencionar solo algunos, mientras que caso contrario ocurrió también en esta semana al aprobarse por ambas cámaras legislativas el Litio como un mineral que únicamente el Estado podrá obtener un beneficio económico. Caso similar pero no igual es el correspondiente al petróleo, recurso que en 1938 fue expropiado dando lugar con ello a la extracción, refinación, distribución y venta únicamente por la nación a través de una empresa paraestatal: PEMEX. En el 2013 se aprobó una nueva Ley Energética con la cual se otorgaban concesiones a empresas privadas para la extracción, producción y venta de los derivados del petróleo con el argumento de al tener un mayor número de empresas participantes en este mercado, el precio tendería a disminuir (lo cual no sucedió, al contrario, se presentó un incremento drástico en los combustibles en 2017).

Así también se está comenzando a replantear en los países desarrollados el rol que debe tener el Estado dentro del mercado eléctrico. Prueba de ello es el derivado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el suministro de gas de este último al resto de Europa ha disminuido de forma considerable teniendo como consecuencia un incremento del 334% en el precio de la electricidad en España de marzo de 2021 a marzo de 2022. Por su parte el gobierno de Francia publicó en días pasados su intención de que el Estado retome el control de varios actores industriales.

Como bien se puede apreciar no es posible ni debe serlo, desvincular al Estado como participante dentro de cualquier sistema económico, el argumento que sostiene que el Estado desvirtúa el mercado es cierto en algunos sectores o ramas en particular, sin embargo, está demostrado que no se trata de obtener las mayores ganancias económicas sino el bienestar de la población. Es simplista también concluir que las empresas públicas son ineficientes y las empresas privadas son eficientes y por ende no debieran existir las primeras. De ser cierta esta afirmación, bastaría con revisar el crecimiento del PIB en México de 1952 a 1982 con un modelo de alta concentración estatal vs el crecimiento de PIB de 1982 a la fecha con un Estado con solo 2 grandes empresas paraestatales.

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