La reforma electoral de la 4T

En días pasados, la dirigencia estatal del PRI convocó a un panel para recibir propuestas para una reforma electoral en Durango. A la sazón, el IEPC, a través de la visión de Omar Ortega Soria, también se encuentra en jornadas de estudio para generar una propuesta de adecuaciones a la legislación electoral de nuestra entidad federativa.

En dicho foro, me llamó la atención la ponencia de la consejera Laura Bringas, pues abordó una especie de reingenería electoral, sin embargo, durante mi intervención les hice ver que se podría avanzar mucho pero todo se podría ir a la borda cuando la 4T le dé trámite a su reforma electoral, la cual ya va cuajando y sería de la siguiente manera:

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados inició el análisis de la propuesta de crear una autoridad electoral única, por medio de un Sistema Nacional de Elecciones que simplifique procedimientos. Ello implica desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en los estados.

También se considera un Tribunal Electoral Único, con sólo dos tipos de recursos a revisión a nivel federal y local, mediante una Sala Superior y Salas regionales que resuelvan las controversias.

“Un sistema que permite una mejor fiscalización y transparencia, disminución de contradicción de criterios y, en consecuencia, mayor claridad”, dice la propuesta que circula entre los diputados de Morena, con los conceptos de la reforma electoral que deben impulsar.

En el documento “Fiscalización y transparencia”, se propone transformar el Registro Federal de Electores en el Registro Nacional de Electores (RNE). Tal órgano sería independiente del INE y a través de él se podría operar la creación de la Cédula Única de Identificación. “Estaría fuera el INE, sin limitar su participación”, señala el texto.

En el documento con los ejes de la reforma electoral de Morena, se plantea cambiar la fórmula de financiamiento a los partidos con una nueva propuesta. Se propone quitar de la fórmula de distribución del dinero a los partidos políticos, el factor multiplicador del número de ciudadanos en el padrón, para que el monto se actualice con la inflación anual, lo cual implicaría una reforma al artículo 41 constitucional. En la actualidad, el financiamiento público se obtiene de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en al padrón electoral, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización.

El documento de análisis propone también crear un Código Electoral Único, que también requiere una reforma electoral. Para llegar a un código único, se propone unificar las disposiciones del Reglamento de Elecciones del INE, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, se propone compactar los supuestos de sanciones por violación de las reglas electorales, puesto que 90 por ciento de los castigos a los partidos políticos obedecen a 10 conductas.

Sobre el gasto, se sanciona lo no reportado, no comprobado, sin objeto partidista y por registro extemporáneo.

Las sanciones más comunes también son las cuentas por cobrar de más de un año, el gasto no destinado para actividades específicas y para mujeres, gastos registrados en un periodo distinto al fiscalizable y cuentas por pagar por más de un año.

Como podemos apreciar, la 4T propone un cambio radical en el sistema electoral mexicano, el cual estaría listo para las elecciones federales de 2024 pues ya no les alcanzan los tiempos legales para que pueda darse para la contienda intermedia del año próximo.

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