David Arámbula Quiñones
Necesario legislar en materia de Violencia de Género
En la medida en que se ha venido fortaleciendo la participación política de las mujeres (destacando el hecho de que se ha conseguido la paridad total en la Cámara de Diputadas y de Diputados del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas de los Estados) lamentablemente se ha propiciado también un incremento de la violencia política en razón de género (VPG) contra este grupo históricamente vulnerado.
Producto de lo anterior, desde el 13 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación importantes reformas y adiciones en materia de VPG. En este sentido, se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En esencia, las reformas y adiciones en materia de VPG establecen lo siguiente:
La definición y los alcances de la VPG, en donde se incluyen las formas en las que se expresa y quienes pueden incurrir en ella.
Las autoridades competentes para conocer y resolver las quejas o denuncias por VPG.
La prohibición para ocupar un cargo de representación popular de quienes hayan cometido VPG.
La obligación de asegurar la paridad de género desde la postulación de candidaturas en los procesos electorales.
La promoción de la educación cívica bajo la perspectiva de género.
La obligación para las autoridades administrativas y jurisdiccionales de resolver con perspectiva de género.
Las sanciones para quienes cometan alguna falta en materia de VPG.
Pues bien, a partir de la entrada en vigor de la reforma en materia de VPG, las entidades federativas del país -a través de sus poderes legislativos- se dieron a la tarea de armonizar su legislación local a efecto de dar cabida a la citada reforma en su marco normativo local, esto ante el inminente inicio del Proceso Electoral 2020-2021.
Dicha tarea fue a su vez, una especie de termómetro para medir el compromiso y la responsabilidad en las 32 entidades federativas para atender una problemática real, que mina la salud de la Democracia.
Respecto del Estado de Durango, aun cuando el Instituto Electoral local presentó ante el órgano legislativo estatal una iniciativa de ley que incluía diversas modificaciones y adiciones para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, y que materializaba lo ordenado por el Congreso de la Unión, este órgano deliberativo ni siquiera la discutió.
De esta manera, es necesario que en el ámbito local se legisle en la materia, y así seguir perfeccionando el sistema de protección de derechos políticos electorales de las mujeres, habida cuenta que lamentablemente donde más se presenta esta violencia de género es en el ámbito municipal, esto conforme al Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPG, implementado por el INE en colaboración con los Organismos Públicos Electorales de los estados.
Aspectos importantes a considerar son: las autoridades competentes para investigar y sancionar la VPG; el derecho que prevalece para el caso de los pueblos y comunidades indígenas (pues lamentablemente sus “usos y costumbres” puedan llegar a restringir los derechos de participación política de las mujeres); los alcances de la perspectiva de género y el criterio a seguir cuando la VPG ocurre en el ámbito parlamentario, por mencionar algunos tópicos.
Al final del día, lo que es un hecho es que para avanzar en este tema, se necesita la colaboración y el compromiso decidido de quienes participamos directa e indirectamente en los asuntos públicos del país, asumiendo que no podremos hablar de Democracia si no se respetan y se aseguran los derechos de todas y de todos.
@David_ArambulaQ
