Hacía mucho tiempo que en Durango no se experimentaba una reacción social tan contundente como la que se dio por la desafortunada detención de la Doctora Azucena Calvillo, la cual desapareció el lunes por la noche cuando salió del hospital del IMSS y pese a que a través de los medios de comunicación y desde las cuentas de Redes Sociales de diversos periodistas y ciudadanos se hizo público, la Fiscalía General del Estado decidió permanecer en silencio hasta que en una rueda de prensa, un día después de que no se sabía nada de ella, informaron que estaba detenida por homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un Magistrado local, con todo y que su esposo ya había denunciado su desaparición ante la Fiscalía no le informaron de su paradero y a ella no le dieron oportunidad de comunicarse con un Abogado o persona de su confianza como lo establece la Ley, es decir, la tuvieron incomunicada, violentando sus garantías constitucionales.
La procuración de Justicia en Durango siempre ha estado muy por debajo de las expectativas que tiene la ciudadanía, la falta de preparación de la policía investigadora y de los agentes del Ministerio Público ha sido más que evidente; los malos resultados solo se pudieran explicar por incompetencia, corrupción o ambas.
Uno de los grandes errores del llamado nuevo sistema penal acusatorio es que básicamente solo se modificaron los roles de forma que realiza el Poder Judicial durante los procesos, en cuanto a las procuradurías solo se les cambió el nombre a fiscalías y se les dio una “autonomía” constitucional bastante discutible, pero el personal, las formas de operar y de cometer excesos cotidianos contra las personas no se modificaron, al grado tal, que las relatorías de la ONU sobre Derechos Humanos para México siguen señalando que las principales técnicas de investigación de delitos todavía son la tortura y la fabricación de pruebas.
Lo más saludable para la vida pública de Durango es que el Congreso del Estado cite a comparecer a la titular de la Fiscalía para que explique qué la motivó para acusar públicamente a la Doctora durante una rueda de prensa de homicidio calificado; un exceso verbal que violenta el debido proceso; lo cierto, es que si el personal de salud, principalmente médicos y enfermeras no se hubieran inconformado y expresado como lo hicieron, la Doctora Calvillo estaría sujeta a proceso y privada de su libertad como sucede cotidianamente en Durango.
El Magistrado en cuestión, por su encargo en el Poder Judicial, es derechohabiente del ISSSTE, a la vez que es hermano de la ex delegada del IMSS en Durango, quien desempeña ese mismo cargo actualmente en Tamaulipas; el Delegado del IMSS en nuestro estado debe aclarar bajo qué condiciones se estaba atendiendo a un paciente que evidentemente no es derechohabiente y por qué acudió a una rueda de prensa a compartir la mesa con quienes están acusando a una Médico de la institución que él representa.
La visita a Durango del Embajador de Estados Unidos en México mientras la Doctora estaba desaparecida y las repercusiones que ha tenido este caso en los medios de comunicación, locales, nacionales e internacionales, más allá de la “autonomía” que tiene la Fiscalía, dejaron en una posición muy incómoda a la administración del Gobernador José Aispuro, quien tuvo el acierto de reconocer públicamente la buena reputación que tiene la Doctora como persona y profesionista.
La oportuna intervención del Secretario de Salud, Sergio Gonzalez Romero, sin duda, ayudó mucho para que esta situación no se desbordara aún más de los penosos niveles de excesos y abuso institucional a los que desafortunadamente llegó.
@ernestoescobosa