Opinión | El Derecho de Acceso a la Información Pública

El derecho de acceso a la Información pública, si bien constituye una prerrogativa relativamente nueva en nuestro país, lo cierto es que en las democracias occidentales ya tiene una tradición importante. Al respecto, vale la pena presentar algunos datos históricos de este derecho fundamental, que por cierto (hoy en día) es una realidad en nuestro país y en nuestro Estado:

A partir de la década de la década de los 70´s, en Europa y los Estados Unidos, comenzaron a establecerse las primeras prácticas para acceder a la información que generaban las instituciones públicas.

En nuestro país, un momento crucial para este derecho fundamental lo representó la reforma política de 1977, que reformó -entre otros- el artículo 6° Constitucional, e incorporó la obligación del estado de garantizar el derecho de información y la libertad de expresión, dos elementos esenciales en Democracia.

En la década de los 90´s, en lo que podría entenderse como la segunda ola del Derecho de Acceso a la Información, se estableció una ruta más clara para conocer las prácticas de orden administrativo del Estado.

En ese contexto, instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, han jugado un papel relevante, pues han puesto en relieve que el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por el Estado. Esta garantía humana supone no solo la protección de las personas frente a los actos de autoridad, sino también una garantía a saber y conocer la actuación de todos los entes públicos.

Pero fue hasta el 2002 que se avanzó de manera importante en la consolidación de este derecho humano en nuestro país, al publicarse el 11 de junio de ese año, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que conllevo a cambiar la mística del ejercicio del poder y por ende, de todo el modelo institucional.

De 2002 a 2007, se expandió en todo el país este derecho fundamental, y la obligación para los distintos sujetos obligados de transparentar sus actividades, revolucionando al interior del país la forma de hacer gobierno y, por ende, la política de la trasparencia.

Para el año 2013, las circunstancias políticas y la dinámica mundial, incluido el caso México, condujo a acuñar como política pública el libre acceso a la información y su difusión por cualquier medio; una dinámica de apertura y de exposición de los actos públicos del Estado Mexicano.

Avanzada esta cláusula democrática, en el año 2014 se reforma nuevamente el artículo 6° Constitucional, para dar vida al nuevo sistema nacional de transparencia, creándose la Ley General Transparencia, Acceso a la Información, de Datos Personales y de Archivos. Adicionalmente, se dieron facultades en la materia, y se incorporaron a la categoría de sujetos obligados a los partidos políticos, los sindicatos y órganos constitucionales autónomos. Pero también se incluyó de manera más desarrollada o sofisticada (por decirlo de alguna manera), el derecho que tiene la ciudadanía de que sus datos personales estén debidamente protegidos.

En materia electoral, considero que una premisa que se debe tener presente es el hecho de que: para ejercer el derecho al voto y de participar en los asuntos públicos del país, es necesario asegurar el derecho de acceso a la información, pues no se puede tomar una decisión libre e independiente por parte de la ciudadanía si no se tiene la información necesaria y suficiente para decidir; en este sentido, estos dos derechos: el derecho al voto y el derecho a la información, íntimamente ligados, son esenciales en una Democracia.

@David_ArambulaQ

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