La figura jurídica del Ombudsman se plasmó por primera vez en la Constitución de Suecia en 1809, fue concebida originalmente para vigilar a los funcionarios y señalar cuando incumplían con sus obligaciones legales o cometían abusos de poder; con el tiempo este concepto fue variando hasta convertirse en el que se refiere a las personas que defienden a la sociedad de las violaciones a sus derechos fundamentales; actualmente esta función está extendida en todas las latitudes, en cada país con sus características particulares y sus propios estándares de éxito o fracaso.
En Suecia y en los demás países escandinavos las violaciones a las garantías individuales son excepcionales porque su pacto social está basado en el respeto a la dignidad humana; en muchos sentidos se han convertido en el ejemplo mundial de estados nacionales regidos por leyes y gobiernos humanistas que tienen como fundamento el bienestar de las personas y el estimulo a sus capacidades y talentos.
Durante el Siglo XX se consolidó esta figura en todo el mundo, iniciando en Europa y extendiéndose a los demás continentes, en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó en 1992 y posteriormente se replicó en cada uno de los estados de la república y en el entonces Distrito Federal; esta institución cuestionablemente autónoma tiene casi 30 años de antigüedad y su rol social ha sido bastante marginal, en gran medida porque es una estructura burocrática que en muchos de los casos actúa con criterios políticos.
Nuestro país tiene una larga tradición de violaciones a los Derechos Humanos debido a la fragilidad del sistema de instituciones, así como por la ineficacia y corrupción del Ministerio Público que propicia altos niveles de impunidad, circunstancia que no ha variado mucho en la actualidad, las relatorías que realiza la ONU analizando estas prácticas siguen manteniendo a México en niveles sumamente alarmantes, los cuales se agudizaron cuando el gobierno perdió el control del sistema penitenciario.
El sistema Ombudsman en México integrado por las comisiones nacional y de los estados, no solo es el más caro del mundo sino uno de los más ineficientes, porque en la vía de los hechos han estado subordinados y al servicio de los gobiernos federal y de los estados, han actuado como protectores y encubridores de los abusos de autoridad prácticamente desde su creación y es explicable, porque fueron concebidos como una burocracia dorada que no corre los riesgos de los defensores reales y autónomos de los Derechos Humanos que actúan en las diversas regiones del territorio nacional y que recurrentemente son amenazados y asesinados; los primeros disfrutan de privilegios y altos sueldos y los otros son los que están haciendo el trabajo y arriesgando la vida.
Dice en un informe de Human Rights Watch: “La razón del limitado impacto de la CNDH radica en sus propias políticas y prácticas. La CNDH no ha ejercido plenamente su amplio mandato ni maximizado el uso de sus cuantiosos recursos. Una y otra vez, la CNDH no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos futuros, no se opone a leyes, políticas y prácticas abusivas y contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, no entrega ni difunde información que posee sobre casos de derechos humanos y no siempre se relaciona constructivamente con actores claves que buscan promover el progreso de los derechos humanos en México”.
Que las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hayan sido tomadas y estén siendo destruidas por un grupo de activistas que se solidarizaron con las víctimas que se cansaron de escuchar pretextos y esperar justicia es bastante paradójico y al mismo tiempo entendible, porque en los hechos el sistema ombudsman en México no sirve ni ha servido para nada.
Es momento de revisar la utilidad social de esa red de instituciones que fueron creadas para que en su momento el gobierno mexicano pudiera mostrarle a la comunidad internacional su interés por el respeto a los Derechos Humanos aunque este no haya sido genuino porque las pocas recomendaciones que emiten las comisiones, desde el principio, se van directo al bote de la basura; tal vez ya sea momento de desaparecerlas y empezar a financiar a las ONG’s que están llenando ese vacío desde hace décadas como sucede en otras partes del mundo con mucho mejores resultados.
@ernestoescobosa
