Opinión | El Pacto Social que impulsa el IEPC

En el marco de la organización del proceso electoral local y concurrente 2020-2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), ha tomado algunas decisiones de la mayor relevancia. Una de estas determinaciones lo constituye la aprobación del Acuerdo IEPC/CG51/2020 del 25 de noviembre de 2020, por el que se aprobaron acciones afirmativas a favor de las mujeres y de grupos o sectores sociales en desventaja.

Adicionalmente, el pasado 26 de marzo se emitieron lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral en comento. Este documento incorpora, entre otras cosas, la obligación para los candidatos de suscribir el formato 3-3 contra la violencia, esto implica que quienes se aspiren a este cargo de elección popular, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que no han sido sancionados ni por violencia física ni por violencia sexual contra las mujeres y tampoco han sido deudores alimentarios. 

Pero otra iniciativa de la mayor importancia, que se enmarca dentro de la obligación de asegurar un proceso electoral en condiciones de igualdad, respeto, tolerancia y no discriminación, es la firma de lo que hemos denominado Pacto Social por un proceso electoral libre de Violencia Política contra las Mujeres y contra grupos o sectores sociales en desventaja.

La suscripción de este documento, implica que las y los actores que participan directa o indirectamente en el proceso electoral, a saber: partidos políticos, órganos constitucionales autónomos; poderes públicos legalmente constituidos, y las organizaciones de la sociedad civil, asuman el compromiso de participar en el desarrollo del proceso electoral con el compromiso de generar un ambiente libre de violencia política contra las mujeres y los grupos o sectores sociales en desventaja.

De esta manera, quienes suscriban este pacto, y que por cierto se han sumado las principales organizaciones públicas y privadas del estado, así como la mayoría de los partidos políticos, asumen el compromiso por mejorar la participación política de mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja.

Dentro de los ejes rectores que guían este importante pacto, destacan los siguientes:

El respeto, la promoción y la implementación del principio constitucional de la paridad de género en todas las candidaturas.

Generación de los instrumentos para detectar prevenir y en su caso atender y sancionar, así como reparar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Denunciar y rechazar todo acto de discriminación y/o violencia contra las mujeres o contra cualquier grupo social en desventaja.

Adopción del compromiso “3 de 3 contra la Violencia”. Generando un mecanismo de verificación, validación, publicación y máxima difusión de su cumplimiento, colocándolo en disposición de la ciudadanía para su conocimiento y consulta.

Apoyo a las víctimas, y en su caso, informar inmediatamente a las autoridades competentes de algún acto de violencia político o discriminación.

Capacitar a su personal en materia de violencia política, igualdad y no discriminación.

Utilización de lenguaje incluyente, y erradicando los mensajes sexistas o machistas que tanto han lesionado a la sociedad.

Impulso de las agendas políticas, legislativas y de gobierno, que incluyan acciones sustantivas para promover, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, y los grupos en situación de vulnerabilidad (jóvenes; comunidad migrante; personas con discapacidad; integrantes de los pueblos indígenas, y la comunidad LGBTTTIQ).

De lo que se trata es que en el presente proceso electoral, además de que aumentemos y maximicemos el derecho a la participación política de las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad, ésta se de en condiciones de respeto, igualdad, inclusión y no discriminación, aspectos todos que son esenciales en una Democracia. 

@David_ArambulaQ

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