El papel histórico del juarismo de mediados del siglo IXX radica en la separación de la iglesia del poder político y la creación del estado laico, la derrota de los conservadores, que aún hoy, aseguran que Benito Juárez seguido de los liberales y jacobinos, se fueron a lo más profundo del infierno descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia.
La Revolución Mexicana terminó con la dictadura de Porfirio Díaz, dotó a los mexicanos de una Constitución que les garantizaba nuevas libertades y mayores derechos. La aristocracia porfirista fue sustituida por otra, que a la larga, sería más agresiva.
El papel histórico de la actual la IV transformación, es que construye un nuevo país, a partir construir medidas de fondo como, terminar con la corrupción. Esa tarea será la más relevante, porque será a partir de nuevas conductas éticas y morales del ejercicio político como se pueda construir un México más seguro en si mismo.
El analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, sostiene que el crimen organizado no esta en quienes juegan el papel ejecutor de la delincuencia, llámense chapos, barbis, azules o amarillos. El real y verdadero crimen organizado es el que se encuentra en las cópulas políticas y empresariales.
Buscaglia afirma que el combate a los grupos ejecutores, nunca terminará la delincuencia, porque cada golpe que se les da es como una poda, los grupos se transforman, en cada metamorfosis, se fortalecen, una guerra que no lleva más que a la violencia incontenible y pérdida de vidas humanas.
Sin embargo, afirma Buscaglia, si se ataca la delincuencia de cuello blanco en sus dos vertientes, la financiera y la del castigo, los grupos ejecutores se debilitarán. Sirva ésta tesis para entender el momento histórico que tenemos el privilegio de vivir, unos del lado de la construcción de un nuevo modelo mexicano, otros, aferrándose a un pasado que no regresará. El nuevo modelo, bajo la metralla de la derecha, se construye, avanza, y construye las bases de una nueva moral de estado.
La prisión de Rosario Robles, de Javier y César Duarte (preso en EEUU), de Alonso Ancira (preso en España) de Emilio Lozoya (testigo protegido), Genaro García Luna (preso en EEUU), los diecinueve altos mandos de la pasada policía federal prófugos, Juan Collado, los setenta señalados de corruptos por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre otros más, son parte del entramado delictivo empresarial y político.
Hace no mucho, me decía una funcionaria municipal, que un tipo que hacía denuncias contra el municipio era un verdadero malandro: porque no proceden contra él, le pregunté, su respuesta fue “no es fácil, hay que integrar bien todo, en eso se está trabajando”. Obvio que pensé, si no pueden integrar una demanda contra un malandrín, me imagino la dificultad que entraña terminar con una mafia delictiva de estado, con enormes intereses, incluso de carácter internacional, debe ser algo arduo y peligroso.
Esa es la importancia de castigar a los expresidentes por haber traicionado a la patria, anteponer sus intereses personales, familiares y de grupo a los de México. Haber sido constructores de escenarios que van de asesinatos, desapariciones, conculcación de libertades y derechos, cárcel, persecución, amenazas y el uso institucional para su enriquecimiento.
El que una mayoría de ciudadanos pida castigo para los expresidentes, no es venganza, es aplicar la ley a los delincuentes, no es una motivación insana, porque los insanos y quizá dementes fueron ellos, es volver a creer en un estado de derecho y en la justicia tan violentada y usada en contra del pueblo. O no.
