Opinión | Entre el amor y el odio presidencial

DRA. GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, SECRETARIA DE ECONOMÍA:

Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera

Buda

¿Cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo quedar mal a Alfonso Romo, ante los empresarios? Muchas.

Romo tenía, además de las tareas de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, la de ser el vínculo con los empresarios. La primera vez que tuvo que salvar cara fue con el Aeropuerto de Texcoco. Romo creyó que la cancelación de la obra era un dicho de campaña y así se lo expresó a los empresarios. Ya sabemos cuál fue el destino de esta obra y no hay ningún detenido por actos de corrupción relacionados.

Luego vino la formación de un Consejo Asesor con empresarios distinguidos, como una señal de paz; lo cierto es que las diatribas presidenciales en contra de los hombres del dinero no pararon. Nada pudo hacer Romo para detener el acoso a la industria farmacéutica nacional, so pretexto de la corrupción. Ha pasado año y medio y tampoco hay ningún detenido.

En junio de 2019, parecía que Romo finalmente lograba un giro en la actitud presidencial. Con bombos se anunció el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, el cual fue firmado por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial. Implicaba una inversión de US$32 mil millones en todas las ramas de la economía para los siguientes dos años y que, a la fecha, no hemos visto. 

En esa ocasión, el CCE pidió contar con “reglas y mensajes claros y propositivos (…); Estado de derecho fuerte y eficaz; estabilidad macroeconómica; y un compromiso para resolver, con estricto apego al marco jurídico, los frecuentes obstáculos de ejecución”. Y ahí fue donde, literalmente, la puerca torció el rabo. Salvo por la estabilidad macroeconómica, las demás condiciones y áreas de inversión –como la del sector energético— no fueron respetadas, como posteriores hechos lo demostraron.

Larga es la lista de desencuentros de López Obrador con la IP. Recordemos el pleito con las constructoras de gasoductos a las que rehusaba el pago del saldo de las obras.  O la política de austeridad que obligó a muchas secretarías a cancelar contratos y licitaciones. O la módica “coperacha” de $20 millones para la rifa del avión. O la suspensión de obras provocando la caída de 10 puntos en la industria de la construcción. O la eliminación de la promoción de la industria turística.

Lo peor estaría por venir. Teniendo México un crecimiento cero en 2019, llegó el COVID-19 en marzo de 2020. Más allá de los créditos de $25 mil para micro-micro empresas (léase los registrados en el padrón de la 4ª Transformación), el gobierno mexicano fue de los muy pocos en el mundo que no dio apoyo de ningún tipo al sector privado.

Fueron y vinieron propuestas de la IP para proteger a los negocios de todo tamaño. AMLO no cedió. Luego los reclamos subieron de tono. Para AMLO, los empresarios tenían que hacerse cargo de sus pérdidas por el confinamiento y mantener la planta de empleo.

En octubre de 2020, se repitió el numerito de la firma de un acuerdo entre la IP y el gobierno. Luego, López Obrador signó una suerte de tregua con los empresarios del país; al clausurar la Reunión Anual de Industriales, afirmó que no podría “sacar adelante a México” sin su ayuda.

Cuánto durará y hasta dónde llegará la tregua, es impredecible. Alfonso Romo no estará ahí para ver lo que ocurre. Es más, el Presidente anunció que se cerrará su oficina. Total.

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