Opinión | Informe General de la Cuenta Pública 2019 (Parte 3)

De conformidad con el artículo 79, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe General Ejecutivo relativo a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019 el 20 de febrero pasado.

El universo potencial de fiscalización del gasto federalizado es sumamente amplio, principalmente por la gran diversidad programática y su significativo importe financiero (1,924,475.4 mdp en 2019), así como por el elevado número de municipios (2,468 en 2019, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México). Respecto del gasto federalizado programable, en 2019 sus recursos se transfirieron a los gobiernos locales mediante 85 fondos y programas; 10 concentraron el 90.4% de ese gasto. En ese sentido, se estima que el universo potencial de fiscalización, en 2019, implicaría aproximadamente 10 mil auditorías.

El programa de auditorías del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019, se integró por 982 revisiones, las cuales significaron el 72.3% de las auditorías realizadas por la ASF (1,358), en la Cuenta Pública 2019, lo que manifiesta la importancia de las auditorías a los recursos federales transferidos, en la estrategia de fiscalización de la ASF. De las 982 auditorías al gasto federalizado que se realizaron en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, 737 correspondieron a fondos y programas del gasto federalizado programable (75.1% del total) y 132 a las participaciones federales, es decir al gasto federalizado no programable (13.4%). Además, se practicaron 113 auditorías (11.5% del total) a otros temas, de las cuales 89 correspondieron al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM); 9 al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; 6 al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado; 6 al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT); 2 al Desarrollo Institucional Municipal, y 1 a la Integración de la Cuenta Pública, en su apartado de gasto federalizado.

Debe destacarse que, debido a la problemática en materia de salud, la fiscalización del gasto federalizado se realizó fundamentalmente de manera no presencial, mediante la utilización de las tecnologías de la información y con base en una adecuada coordinación con los entes auditados. Esta modalidad de trabajo, impuesta por esa circunstancia, fue efectiva y permitió alcanzar los resultados previstos del proceso fiscalizador. Esa estrategia de realización de las auditorías coincidió con esfuerzos importantes que, desde antes de la pandemia, venía realizando la ASF, específicamente en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para impulsar diversos procesos de auditoría a través de medios electrónicos. En ese sentido, en algunas de las fases del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se utilizó el Buzón Digital, herramienta que sustenta operativamente la estrategia de las auditorías realizadas de manera no presencial. La significativa experiencia obtenida con el uso de esta herramienta tecnológica permitió consolidar y enriquecer el proyecto que se desarrollaba previamente a la pandemia y será una base importante para implementar las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), que establecen con un carácter obligatorio para los entes las auditorías electrónicas, si así lo determina la ASF, las cuales fueron aprobadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Debe mencionarse que, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el uso del Buzón Digital para algunas fases de ese proceso era de carácter voluntario por parte de las entidades fiscalizadas. Aún con ese carácter, un número importante de éstas se incorporaron a esa estrategia, lo que permitió probar en la práctica la eficacia de esa herramienta y esa experiencia apoyará la implementación de las disposiciones que se incorporaron a la LFRCF en relación con las auditorías electrónicas.

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