Opinión | La 4T en su propia trampa

La prohibición de que el presidente intervenga en las elecciones, el candado para que un gobernador no pueda ser desaforado si no lo avala su congreso local o, que la cancelación del registro a un candidato por no entregar su informe de gastos de precampaña, son “logros” de la izquierda.

Cada una de estas reglas consagradas en la ley vigente, fueron exigencia de los opositores al régimen del prian, en cada caso como reacción a sucesos registrados en el marco de procesos electorales.

Hoy hay procesos legales y denuncias ante la Organización de Estados Americanos contra Andrés Manuel López Obrador por estar interviniendo en las elecciones; el propio presidente ha reconocido que está metiendo las manos y el INE ha señalado que no debe hacerlo, que tiene prohibido realizar expresiones que puedan favorecer a algún partido o afectar a otro. Pero no es el INE quien lo prohíbe, es la ley; y es una disposición que en su momento fue impulsada por la izquierda.

Fue en la época de Vicente Fox, cuando tuvo un marcado intervencionismo en las elecciones, que la izquierda se indignó y quiso callarlo. Se propuso y se aprobó prohibir a los gobernantes intervenir en las elecciones. Hoy esa norma se aplica a López Obrador es norma que hoy molesta a los mismos que en su momento la impulsaron.

También hoy sigue generando controversia que el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca no haya podido ser desaforado por la Cámara de Diputados federal porque la legislación vigente establece que para eso es necesario que la decisión sea homologada por el Congreso de Tamaulipas, lo cual no ocurrió. Lo que a muchos se les olvida es que esta regla fue propuesta, impulsada, exigida por los lopezobradoristas.

Fue cuando se realizó aquel proceso de desafuero contra Andrés Manuel López  Obrador cuando esa izquierda, entonces desde el perredismo, exigió que se pusiera un candado contra lo que consideraban un exceso o abuso del centro, que podía vulnerar la autonomía de las entidades federativas, de modo que se agregó en la ley que para un desafuero no basta con que la mayoría del Congreso federal lo apruebe, sino que es necesario el aval de la legislatura de la entidad respectiva. De modo que fueron los lopezobradoristas los que lo decidieron; fue por el caso del desfuero de AMLO pero ahora se aplica para el caso de Cabeza de Vaca.

Algo similar explica el tema del retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio. Fue en la época de los excesos del PRI y el PAN que se despachaban con la cuchara grande; que realizaban campañas dispendiosas, se excedían en los gastos impunemente, y no rendían cuentas.

Fue ante los excesos del entonces partido en el poder se propuso, se exigió establecer mecanismos de fiscalización para obligar a todos los candidatos a rendir cuentas, no solo de sus campañas sino de sus precampañas. Y se exigió además que hubiera un castigo severo a quien incumpliera con tal obligación. De modo que los legisladores determinaron que la no presentación de tal informe tendría una consecuencia única y sería la cancelación del registro. No se puso en la ley un margen de sanciones según la gravedad de la falta o posibles atenuantes, la norma que se aprobó fue clara y llana; no presenta informe de gastos, se le niega el registro, punto.

Y aquella regla que era para cuidarle las manos a los del prian, ahora también se aplica a los morenistas, pero ya no les gusta.

Algo por el estilo ocurrió con la necesidad de cuidarle la manos a los gobiernos, se vigilarlos, de medirlos, de ponerles contrapesos para evitar el autoritarismo y así, como una exigencia en parte de las oposiciones, pero sobre todo de la sociedad civil fue que se crearon organismos autónomos, que ahora ya no les gustan a quienes están en el poder.

El mejor ejemplo de ellos son la CNDH, el Inai y el INE; todos creados para restarle poder al poder.

Solo que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo ya está entregado absolutamente al poder presidencial, se ha convertido en un florero más de su colección, sin posibilidad alguna de que pueda servir a los ciudadanos si eso significa incomodar al presidente.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, se encuentra bajo la mira porque al intentar proteger a los ciudadanos, no deja que el Ejecutivo federal haga su absoluta voluntad y eso molesta a los fieles de la 4T, de modo que el Inai ha sido sentenciado a desaparecer si no se doblega.

Y el extremo más notable es el del Instituto Nacional Electoral que al ejercer su tarea de aplicar la ley, creada por los legisladores de todos los partidos, ha tenido que incomodar al mandatario que no logra imponer su voluntad en materia de elecciones y por eso la abierta confrontación, los ataques, incluso las calumnias y las amenazas contra los consejeros del INE.

Olvidan que estos organismos existen a pesar y en contra de los gobiernos a los que ahora califican como neoliberales o conservadores y pretenden que los contrapesos creados con los anteriores no apliquen con el actual.

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