Opinión | La Cachimba

TENDENCIA… Como era de esperarse, las campañas pausan sus agendas para ocuparse del asunto de coyuntura y que es la nota periodística sobre la triangulación de contratos del municipio de Gómez Palacio a favor de una empresa registrada a nombre de los hijos de la exalcaldesa y hoy candidata de Morena, acaparó la conversación en los últimos dos días.

CREDIBILIDAD… La reacción de la campaña morenista fue culpar a sus adversarios de la nota periodística y personalizar la respuesta al candidato como si él hubiera dicho lo que investigó El Universal. La estrategia al parecer no ha funcionado, pues se tata de un medio de información prestigiado y con una credibilidad mucho muy superior a la de los políticos que lo critican.

REACCIÓN… La estrategia de victimizarse parece que no les está funcionando, otra vez los asesores están haciendo ver a su candidata débil y asustada; sobre todo porque la percepción generalizada es que se trató de información auténtica, documentada y con sustento, por mucho que tengan “otros datos” quienes fueron puestos en evidencia.

MUJERES… En contraste, el manejo de la otra parte ha sido muy certero; la defensa del candidato es ejecutada por mujeres, políticas que a su vez han tenido que lidiar con conflictos y ataques de todo tipo y se han mantenido ecuánimes y han sorteado sus problemas sin escudarse en el género.

DECRETO… A nivel local a muchos aún no les cae el veinte, pero el martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la que se ordena que en las calles de todas las ciudades y pueblos del país, la velocidad máxima para los automóviles será de 30 kilómetros por hora. De 50 en vialidades primarias y hasta 80 en carriles centrales en vías de acceso controlado.

CAMBIOS… El caso es que el Congreso del Estado, al igual que el resto de las legislaturas, cuenta con 180 días para reformar y aprobar las leyes estatales en la materia y armonizarlas con esta ley general, para que empiece a aplicarse en seis meses. Plazo en el que el Congreso local deberá también emplazar a los ayuntamientos a que hagan los ajustes necesarios en los reglamentos de vialidad y sobre todo, en la señalización y en las disposiciones de las calles y vialidades.

 

 

 

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