Durante las elecciones de 2018 hubo más de cien personas asesinadas, entre dirigentes, candidatos y sus colaboradores, sin duda, fue uno de los procesos electorales más violentos que ha tenido México y que permitió evidenciar hasta qué nivel ha llegado la descomposición política debido a los pactos que han hecho los partidos con diversos poderes fácticos, tanto legales como ilegales.
La política gradualmente ha perdido su mística, en las últimas décadas se convirtió en una actividad vulgar, sin reglas ni códigos, utilizada para llegar al poder público a cualquier costo y desde ahí controlar los grandes negocios, asignar contratos de bienes y prestación de servicios a empresas afines, muchas de ellas creadas por los mismos funcionarios que los otorgan; tanto las administraciones del PRI como del PAN perfeccionaron la práctica de hacer negocios desde el gobierno con el gobierno; no es fortuito que la política se haya convertido en una vía fácil y poco arriesgada para el enriquecimiento ilícito con impunidad, ejemplos hay muchos, en todas partes, incluido Durango, las fortunas sexenales mal habidas son inocultables.
No hay elementos para creer que 2021 será una elección pacífica, sin violencia en contra de candidatos y dirigentes, precisamente porque las condiciones en el país no se han modificado, al contrario, actualmente se percibe un mayor activismo de los grupos de la delincuencia organizada debido a que están utilizando con mucha intensidad esquemas propagandísticos en Redes Sociales y lo cierto, es que muchos políticos siguen haciendo pactos que en la vía de los hechos les están saliendo muy caros, tanto a ellos como al país.
Aún no se confirma si el PAN y el PRI irán en una coalición electoral amplia como se los pidió la cúpula empresarial agrupada en “Sí por México”, pero va a ser muy interesante el como reaccionará el electorado cuando, eventualmente, vea juntos en las boletas a los dos partidos que son considerados los principales responsables de la violencia y los más inverosímiles escándalos de corrupción.
Las investigaciones, tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera, como de la Fiscalía General de la República contra la delincuencia política se han vuelto cotidianas, al igual que la promoción de denuncias y la solicitud de órdenes de aprehensión; los miembros de las cúpulas del PRI y el PAN están en una situación muy vulnerable, personajes que en su momento tuvieron total impunidad por los pactos que se dieron entre Fox, Calderón y Peña, ahora están siendo señalados e investigados.
Dos ex secretarios de Estado encarcelados, una en México, el otro en Estados Unidos, otro más, el General Cienfuegos, recién liberado por la corte de New York a petición de la Fiscalía de Brooklyn, posiblemente por lo inverosímil de las acusaciones que hizo la DEA, o tal vez, por otros motivos que seguramente serán clasificados como secreto de Estado en ambos países.
El 2021 se perfila para tener una elección igual o más violenta que la de 2018, con la UIF y FGR muy activas investigando, promoviendo denuncias y solicitando órdenes de aprehensión; la última fue contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por enriquecimiento ilícito y vínculos, al igual que su Fiscal Edgar Veytia, con grupos de la delincuencia organizada.
De aquella emblemática foto de Enrique Peña Nieto con los gobernadores del “Nuevo PRI” son pocos los que no están siendo investigados o procesados, incluso algunos están encarcelados en México y Estados Unidos; otros tantos podrían ser imputados conforme se desahoguen las investigaciones de “Operación Safiro” y la “Estafa Maestra”; mal augurio para ellos y más cuando el mismo ex presidente está siendo señalado por la FGR como “jefe criminal y traidor a la patria”.
Si se llega a establecer una alianza electoral formada por PAN, PRI y PRD, su contraparte, sin duda, será la coalición de Morena, FGR y UIF.
@ernestoescobosa