Opinión | La empresa tabasqueña de asfalto que limpiará Palacio Nacional

La presidencia de México ha firmado contratos por al menos 149 millones de pesos en los dos primeros años de la actual administración, según datos de Compranet.

Una buena parte ha ido a un centro de desarrollo tecnológico, a la instalación de programas de computadora, organización de datos, protección y guardias, correo para envío de documentos, servicios de fumigación, mantenimiento de los elevadores, rehabilitación de salones de Palacio Nacional, elaboración de monedas de regalo para los visitantes, compra de agua, abarrotes y papelería.

Pero los contratos más polémicos de Palacio Nacional –además de los eventos del Grito de Independencia, que ya abordé en una columna anterior– han sido los del servicio de limpieza. En diciembre de 2020, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que el gobierno obradorista había pagado 185 millones de pesos a una compañía, radicada en Iztacalco, que nunca antes tuvo contratos federales y que limpiaba, entre otras dependencias, el Palacio Nacional.

La empresa Decoaro y Supervisión tenía domicilio en un pequeño departamento, donde los vecinos dijeron que jamás ha existido una compañía. Presidencia anunció que el contrato con Decoaro sería por 7 millones de pesos. Los reporteros no pudieron localizar a los dueños, ni hubo alguien que diera una explicación de por qué Decoaro, una empresa de construcción, había dado un giro repentino al negocio de la limpieza de oficinas.

El 14 de enero de este año se adjudicó un nuevo contrato de limpieza, ahora por 775 mil pesos para Industria de la Construcción & Proyecto Vial. Primero, ¿por qué ahora cuesta 775 mil pesos el mismo servicio que apenas dos meses antes costaba 7 millones? Los documentos públicos no explican este cambio. La prensa destacó que se contrataba a una empresa de outsourcing, justo cuando el gobierno federal estaba en una cruzada legislativa contra la subcontratación. Pero esto no es lo más inquietante respecto a ese contrato.

La nueva compañía beneficiaria, igual que la anterior, es una empresa que se dedica a la construcción, principalmente al asfalto. Fue fundada en 2008, en Villahermosa, Tabasco. Sus dueños tienen un bajo perfil, y no pude localizarlos para esta columna. Su representante actual es José Hernández May, un nombre que coincide con un exfuncionario local en Campeche, aunque no me fue posible descartar que se trate de un homónimo. En los documentos públicos de otros concursos y contrataciones durante estos años, aparece como su representante para contratos públicos el señor Samuel Morales. Su correo electrónico personal y su número de celular están registrados una y otra vez en bases de datos públicas, tanto de esta compañía como de EzStreet, Mobursa, Sinercon. Otro de los representantes de la compañía de asfalto, que ahora hace limpieza, es Luis Manuel Viñas Graham, quien aparece en una empresa de grúas, también fundada en Villahermosa.

Las bases de datos públicas muestran que la compañía que Morales representa ha ganado casi 60 millones de pesos en contratos públicos en el último año, antes incluso del contrato presidencial. Morales me dijo que no sabía de estos montos, e insistió en que no podía decir quiénes eran los dueños porque “me despedirían”.

“Yo solo represento la parte de construcción de la compañía”, dijo, nervioso. Se sorprendió cuando le conté que ahora limpiarán Palacio Nacional. Le pregunté sobre algunos reportes de la prensa en Tabasco y Campeche, que señalan cómo la compañía ha logrado otros contratos, todos desde que el obradorismo llegó al poder. “En eso no te puedo decir nada al respecto. Estamos como cualquier empresa tratando de crecer”.

Mientras el gobierno obradorista critica a la Auditoría, o el presidente insiste cada día en hablar de sus adversarios, en su oficina ocurren historias que se parecen bastante a las que reportaba la prensa en los años de los gobiernos innombrables y las empresas milagro. 

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