La percepción social de los duranguenses sobre el Poder Judicial de Durango, y de las personas encargadas de su conducción y manejo, se había venido manifestando negativamente antes de la llegada de José Rosas Aispuro al gobierno.
Se había convertido en un clamor popular la falta de autonomía y eficacia social de la jurisdicción local; la presunta deshonestidad de su presidente o su enriquecimiento inexplicable y evidente, o el indebido aprovechamiento de su cargo para favorecer a familiares o personas cercanas a sus afectos; la colusión de su presidente con el Ejecutivo estatal y, por la intervención de éste, con el Poder Legislativo, para perpetuarse en el cargo de presidente, aumentar desmesuradamente el número de magistrados y manipular sus nombramientos o su ilegal caracterización como “inamovibles”, y así tener órganos colegiados a modo; por la incorporación extra lógica de figuras como la llamada Universidad Judicial, que representaba un gasto innecesario y poco explicable, a partir de la oferta local en materia de posgrados y desdeñando la posibilidad de convenir estas tareas con, por ejemplo, la UJED; la opacidad en la rendición de cuentas de un presupuesto que casi llegaba a los 400 millones de pesos anuales y cuyos destinos parecían más orientados a obras materiales, congresos, cursos, eventos, ceremoniales y gastos suntuarios, que a procurar el fortalecimiento y mejora de la calidad, velocidad y acceso a la impartición de justicia; la incertidumbre respecto a la plena y eficiente instrumentación y operación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que no se percibía por la ciudadanía como un beneficio tangible para abonar a la transparencia, rapidez, utilidad y disminución de la delincuencia y de personas privadas injustamente de su libertad..
Esa circunstancia imponía al nuevo gobierno la necesidad de una revisión escrupulosa y puntual del destino de los recursos presupuestales, y de los provenientes del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, ejercidos en los 10 años anteriores; así como el análisis de la documentación comprobatoria y su correspondencia con los registros contables y depósitos y retiros de las cuentas bancarias institucionales, para concluir si, en una primera vista, los datos se correspondían con las propiedades y los ingresos obtenidos por sueldos de los períodos de desempeño del presidente del STJ y otros funcionarios.
Por supuesto, el sentido común indicaba también la revisión de las adquisiciones de inmuebles que se hicieron y de las obras materiales realizadas en dicho lapso con recursos presupuestales o del Fondo Auxiliar, para revisar los procesos de compra, licitación o adjudicación, las personas físicas o morales beneficiadas con las ventas o las obras, y la verificación de que no existían indicios o elementos que configuraran conductas administrativas irregulares o contrarias a la ley.
Para estas tareas de transparencia y combate a la corrupción, el gobernador entrante tendría que utilizar correctamente los espacios que quedaron libres en las magistraturas, nombrando magistradas y magistrados que, por una parte, le garantizaran un bloque de respaldo inicial a dichas acciones y, por otro lado, dieran la pauta del tipo de personalidades y trayectorias que iban a depurar y caracterizar el nuevo poder judicial de Durango.
Lamentablemente la historia fue otra. Nada de lo apuntado, u otras medidas parecidas, se instrumentaron.
Después de un inexplicable y torpe proceso de retiro del magistrado que se eternizaba en la presidencia (que por cierto sigue en la magistratura), se puso al frente del TSJ a un magistrado que, mientras duró en el cargo, se distinguió por la pasividad y medianía con que asumió la grave responsabilidad de conducir el aparato de justicia del Estado, dando pie a que fuera relevado recientemente (también sigue en la magistratura), en medio de una serie de turbulencias que deterioraron aún más la imagen de respetabilidad y prestigio de la función de impartir justicia.
Como si esto no fuera suficientemente funesto para la imagen de la justicia local, los nombramientos de magistradas y magistrados de este sexenio han sido fuertemente criticados desde el inicio, toda vez que una buena parte de los nombramientos han recaído en personas ajenas a la carrera jurisdiccional, que carecen de experiencia y reconocimiento en el foro duranguenses y, en casos extremos, que no gozan de buena fama pública como conocedores del derecho.
Sólo como referencia, aceptando que son tiempos distintos, cuando asumí la presidencia del STJ en 1992, el presupuesto para el año siguiente fue de 14 millones de pesos, que no aumentó considerablemente en los cinco años siguientes; sin embargo, se inició la modernización del poder judicial y posteriormente se creó el consejo de la judicatura; se depuraron en 9 meses más de 300,000 expedientes que estaban arrumbados; se instauró el sistema estadístico y de evaluación judicial; el Pleno se integraba solamente por 7 magistrados; se construyeron instalaciones en la capital, en el Salto, en Lerdo y en Gómez Palacio; se renovó casi en su totalidad el cuerpo de jueces; se diseñó la carrera jurisdiccional y la contraloría de jueces y magistrados, se pusieron las bases de la automatización judicial a base de Tics; el número de expedientes no rebasó el tope histórico de 35,000 juicios nuevos por año durante el sexenio y, lo más relevante, nunca, que yo recuerde, se puso en duda la independencia y autonomía de la jurisdicción, ni de su presidente.
Hoy el Poder Judicial tiene un presupuesto de casi 450 millones de pesos, más los recursos del Fondo Auxiliar; tiene los mismos distritos judiciales que hace 30 años; su Pleno se integra por 18 magistrados; su promedio anual de 2016 a 2020 es de 31,758 juicios nuevos, en su gran mayoría mercantiles y familiares; tiene una Universidad, un Centro de Justicia Alternativa, un Tribunal para Menores Infractores; goza de una extensa plantilla de personal administrativo y una buena dotación de oficinas e inmuebles y vehículos.
Las preguntas, entonces, son: ¿Tiene Durango el aparato de impartición de justicia que merece? ¿Tiene el Poder Judicial el prestigio, la productividad y respetabilidad consustanciales a su función?
Continuaremos estos ejercicios en la próxima colaboración.
