Opinión | La Infraestructura Electoral

Una de las conquistas más importantes que ha experimentado la nación mexicana, sin lugar a dudas, es el establecimiento de instituciones públicas electorales sólidas. La creación del ahora Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación y los organismos jurisdiccionales de las entidades federativas, significó un paso adelante en la consolidación de la democrática y la justicia electoral en nuestro país.

Gracias a estos organismos electorales (administrativos y jurisdiccionales), contamos con sólida infraestructura electoral, capaz de asegurar uno de los fines primordiales de todo estado democrático: garantizar la celebración periódica, ordenada y pacífica del poder público. Esta premisa -aparentemente sencilla pero que requiere de todo un andamiaje constitucional y legal- se tiene garantizada en nuestra república.

Este logro colectivo era necesario, pues hace apenas algunas décadas el país enfrentaba un serio y grabe problema: la transmisión del poder público, comenzando por la Presidencia de la República, era muy cuestionada, accidentada y -en algunos casos- violenta, con graves consecuencias para la vida pública del país.

Para José Woldenberg, este proceso arrancó a partir del año de 1977, no porque antes no se hubieran dado fuertes -y hasta heroicas- luchas democratizadoras, sino porque es a partir de entonces que se configura “la estructura del cambio”, es decir, un proceso que se desarrolla en una misma dirección, con momentos de expansión que culminaron en negociaciones y reformas electorales progresivas, entre ellas, la que dio origen a la creación del Instituto Federal Electoral, en 1990.         

En igual sentido, Flavio Galván Rivera, refiere que la historia moderna de la justicia electoral se inició con la reforma constitucional de ese año (1977), específicamente con la reforma y adición al artículo 60 de la Constitución, según decreto del 1º de diciembre de ese año, con lo cual se estableció por primera vez un recurso legal para controvertir las decisiones del extinto Colegio Electoral de la Cámara de Diputados (el recurso de reclamación), este medio de impugnación se presentaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como tal, el primer antecedente del TEPJF, lo podemos encontrar en la reforma constitucional de 1986, según decreto del 11 de diciembre de ese año, en la que fue creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral (recordado por sus siglas como el TRICOEL), órgano responsable de resolver dos únicos recursos: el recurso de apelación y el recurso de queja. Finalmente, con la denominación actual, su creación data del año de 1996, según Decreto del 21 de agosto de ese año.   

Finalmente, en un modelo que, para algunos significaba un modelo híbrido y poco ortodoxo en la organización de las elecciones, a partir del 2014, se estableció un sistema nacional de elecciones, con una autoridad rectora como lo es el INE (con facultades para intervenir en elecciones federales y locales), y los organismos públicos locales electorales, ahora con una encomienda fundamental, estandarizar la organización de los procesos electorales locales bajo los mismos estándares de calidad que siguen para las elecciones federales.

Es cierto que ahora están a prueba estos órganos del estado mexicano, pues estamos inmersos en las elecciones más grandes y complejas de la historia; en medio de una pandemia que nos ha cambiado la vida, y en un contexto de polarización política y social como no se había dado antes, amén de las afectaciones presupuestales de las que ninguna de estas Instituciones públicas ha sido ajena; pero seguro estoy, que esta gran infraestructura electoral estará cumpliendo una vez más a la sociedad mexicana, garantizando los derechos político electorales del ciudadano, y permitiendo a la democracia que pueda recrearse como es debido.

@David_ArambulaQ

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