Opinión | La justicia: razón de ser del derecho

Temas en la mesa del debate

La opinión pública nacional está atenta a los debates sobre la transformación de nuestras instituciones políticas, que está llevando a cabo el nuevo Régimen Político, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  Se trata de hacer un trabajo de reingeniería jurídica, para que los poderes del Estado Mexicano respondan a los cambios de nuestro sistema democrático. Se trata de erradicar las prácticas deshonestas que impiden que nuestras instituciones políticas estén exclusivamente al servicio de los intereses del pueblo. Se trata de corregir y diseñar nuestro sistema jurídico, para que funcione en la perspectiva del fin supremo del derecho que es LA JUSTICIA; sin claudicaciones; sin desvíos en la aplicación de las normas jurídicas; y con el propósito de erradicar la arbitrariedad, el abuso del derecho y el prevaricato. Ahora bien, en este orden de reflexiones, paso a comentar brevemente los siguientes temas:

LA SOBERANÍA ENERGÉTICA.- El Congreso de la Unión, acaba de aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos, que atendiendo a la letra y al espíritu del artículo 27° Constitucional, busca proteger los intereses de la nación mexicana, preservando y garantizando legalmente su derecho de propiedad originaria sobre nuestros hidrocarburos, que nos permita dar respuesta eficiente a la demanda de gasolina, diésel y gas, para los consumidores de nuestro país, sobre cualquier otro interés privatista; pues la riqueza de la nación no la podemos poner a la suerte del mercado mundial, porque estaríamos abdicando del derecho que tenemos a la soberanía energética, como lo hace cualquier estado libre y soberano, cuya prioridad son los intereses de su población.

EL NUEVO MARCO JURÍDICO LABORAL.- Desde este espacio, saludo a los dirigentes obreros y empresariales de México, por escuchar la convocatoria del presidente, conciliando los intereses de los factores de la producción –trabajo y capital-  en un proceso de ganar-ganar para obreros y empresarios, al suprimir la práctica ilegal de la contratación denominada outsourcing y al garantizar el efectivo reparto de utilidades a los trabajadores; pero también para fortalecer las instituciones de seguridad social como el IMSS y el INFONAVIT, así como la hacienda publica. En este tema, aún está pendiente la reivindicación de los derechos de los trabajadores al servicio del estado; que ya anunció el presidente, desde el año pasado, para que recobren el poder adquisitivo de sus percepciones salariales y no vuelvan a ver socavadas sus prestaciones socioeconómicas.

INSTITUCIONES Y DERECHO ELECTORAL.- El actual proceso electoral ha desatado un enconado debate entre partidos y candidatos, especialmente por las decisiones desproporcionadas –contrarias a la letra y al espíritu del Artículo 22° Constitucional-,tomadas por el consejo general del INE, por diferencia de un voto -6 contra 5- al suspender las candidaturas de morena, tanto al candidato a gobernador de Guerrero como al candidato a gobernador de Michoacán; así  como de algunos candidatos a legisladores; porque no acreditaron, oportunamente, sus gastos de precampaña o intercampaña; decisión que al ser impugnada ante el Tribunal Electoral, este órgano jurisdiccional le regresó el asunto al INE, para que modificaran la sanción impuesta, al considerarla desproporcionada. Sin embargo, el INE no modificó la sanción, por lo que deberá ser el Tribunal Electoral el que corrija la cuestionada resolución.

Finalmente, quiero plantear estas reflexiones: he escuchado con atención los argumentos jurídicos, tanto de los candidatos y partidos afectados por la desproporcionada e injusta decisión del INE, así como del presidente y de un consejero de este instituto; también los argumentos de algunos políticos opinantes.  Mi opinión personal, como ya lo expresé antes, es en el sentido de que la decisión del INE de suspender las candidaturas, a los candidatos de morena a gobernador de Guerrero y a gobernador de Michoacán, no solo son desproporcionadas atendiendo al Artículo 22° Constitucional, sino que atentan contra el derecho de dichos candidatos, a votar y ser votados, garantizado en el Artículo 35° Constitucional; pues el acto omisivo de no presentar la documentación comprobatoria de sus gastos de pre campaña o intercampaña -que hayan realizado o no- los candidatos; no es constitutivo de ninguna falta grave a la ley, que pudiera ameritar la suspensión de sus candidaturas. Por eso ha causado extrañeza en la opinión pública, la cuestionada e incomprensible decisión del INE. La observancia y la aplicación de la ley, en un ESTADO DE DERECHO, está sujeta a reglas y no al arbitrio de ninguna autoridad. Así pues, también está en la mesa del debate la reingeniería del INE y la actualización de la legislación electoral. Seguramente,  en su momento, se abrirá un foro de parlamento abierto, para escuchar la opinión de los ciudadanos mexicanos, que queremos leyes justas y funcionarios íntegros, que garanticen el respeto a nuestros derechos constitucionales, que están por encima de las normas secundarias y reglamentarias; de acuerdo al principio de supremacía de las normas jurídicas, establecido en el artículo 133° Constitucional; principio conceptual, en el que LA CONSTITUCIÓN es prima lex.

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