Opinión | La política reina en los altos tribunales

La 4T sorprendió a propios y extraños con la ampliación del mandato del presidente de la Corte, con motivo de la reciente reforma judicial o vulgarmente conocida como Ley Zaldívar.

Pues resulta que la extensión de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hasta noviembre de 2024, aprobada por el Senado, contradice el artículo 97 de la Constitución. “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”, establece la Norma Suprema.

Zaldívar fue electo presidente en enero de 2019, por lo que su relevo debería ser nombrado en enero de 2023.  De concretarse en la Cámara de Diputados este cambio, Zaldívar sería presidente de la Corte y del CJF hasta el día de su retiro como ministro, que está previsto para el 30 de noviembre de 2024, y cubriría con ello el resto del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina el 30 de septiembre de ese año.

Si la oposición en el Congreso impugna la reforma ante la propia Corte, mediante acción de inconstitucionalidad, Zaldívar estaría impedido para participar en la discusión, pero se requerirá el voto de al menos ocho de los 10 ministros restantes para lograr la invalidez.

Tres de esos 10 ministros fueron nominados por López Obrador, que en noviembre próximo también tendrá que postular al reemplazo de Fernando Franco.

La maniobra dejaría fuera de la competencia por la titularidad de la Corte a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayan, que concluirán sus periodos en noviembre de 2027-pues ya no les quedarían cuatro años en la Corte a partir de enero de 2025, cuando sería la nueva elección- y quienes no son vistos como afines al actual Gobierno.

En el CJF, que administra y vigila a los más de 850 tribunales y juzgados federales, la situación sería aún más extrema, pues se estarían prolongado los nombramientos de los seis consejeros de cinco a siete años.

La modificación del periodo fue incluida en un transitorio de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no estaba en la iniciativa que envió el Ejecutivo federal, ni en el dictamen publicado ayer en la Gaceta.

Este suceso tiene relación con lo acontecido en Durango, luego de la renuncia de Esteban Calderón Rosas a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. El pleno del Tribunal sesionó el pasado miércoles 14 de abril para dar cuenta de la renuncia y elegir a su sucesor, quien debería ser para cubrir el periodo restante del presidente saliente; sin embargo por acuerdo del pleno, los magistrados eligieron a Ramón Guzmán Benavente por un periodo de seis años y hasta el momento nadie ha desmentido esta versión que circula en los corrillos del Tribunal. Esperemos que no sea así porque además de violentar la Constitución de Durango, se incurriría en lo que tanto criticaron los abogados a Esteban Calderón, de quien decían que solo debía de concluir el tiempo que le faltaba a Apolonio Betancourt Ruiz.

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