Opinion | La reforma electoral pendiente

David Arámbula Quiñones

No obstante que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) en dos ocasiones a presentado ante el Congreso del Estado sendas iniciativas para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las mismas no han sido discutidas y mucho menos aprobadas en el seno de dicho órgano legislativo.
De esta manera, la facultad para iniciar leyes o decretos por parte del IEPC, establecida en el artículo 78, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango -y que constituye una potestad extraordinaria en tanto que no todas las entidades de la república la contemplan- se ha visto frustrada.
Ahora, en el marco de la conclusión de un proceso electoral intermedio, resulta necesario retomar el contenido de dichas propuestas, partiendo de una premisa fundamental: el sistema nacional de elecciones funciona y funciona bien, sin embargo existen áreas de oportunidad que atender, y es imperativo seguir perfeccionando las reglas electorales y consolidar nuestros procesos e instituciones electorales.
En esta virtud, bien vale la pena actualizar nuestro marco normativo, para incorporar aquellas normas que aseguren el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de los órganos del estado; los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad; el voto de los duranguenses en el extranjero, y aquellas disposiciones para fortalecer el derecho a emitir un voto informado por parte de la ciudadanía, entre otras.
En lo que tiene que ver con la perdida de registro de partidos políticos estatales y la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales, es necesario confeccionar los procedimientos respectivos y, como se propuso en su momento, que se realicen tomando como base el porcentaje de votación emitida en elecciones de diputaciones locales y de Gobernador.
Otro tema relevante, tiene que ver con la ampliación del plazo para el registro de candidaturas comunes, y la necesidad de homologar las reglas para la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento especial sancionador, permitiendo que la facultad para resolver estos expedientes se surta a favor del Tribunal Electoral del Estado.
Por su parte, es imperativo incluir en nuestra legislación electoral disposiciones relacionadas con el Servicio Profesional Electoral, pues a partir de la reforma político-electoral de 2014, constituye una obligación para los organismos públicos locales electorales la implementación de este servicio civil meritocrático de carrera, sin embargo, aún no se contempla en la Ley electoral local.
En otro orden, deben incorporarse disposiciones tendentes a evitar la violencia política contra la mujer en razón de género, estableciendo -inclusive- sanciones para quienes incurran en esta desafortunada práctica, esto acorde con las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de 2020.
Es necesario establecer disposiciones para la protección individual y colectiva de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, además de las normas para la protección de la niñez.
Por su parte, ya es tiempo que las boletas electorales incluyan la fotografía de las y los candidatos, esto con la finalidad de que la ciudadanía reconozca fácilmente a las candidaturas de su preferencia y, en consecuencia, contribuir a la emisión de un voto informado.
Se debe hacer hincapié en la necesidad de discutir el contenido de las iniciativas de reforma a la ley electoral que se han presentado, amén de aquellas que los propios legisladores pudieran considerar importantes para seguir perfeccionando las reglas del juego democrático.

@David_ArámbulaQ

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