Opinión | Los impunes

La prioridad del Presidente debe ser que el caso de Pío López Obrador quede completamente esclarecido para que no se desvirtúen sus acciones anticorrupción; en los últimos días se han filtrado una serie de vídeos y audios que están exhibiendo las prácticas delictivas para obtener recursos y usarlos básicamente en las campañas electorales, ese es en buena parte el trasfondo de la corrupción política, negociar dinero ilícitamente para obtener o retener el poder público para hacer o seguir haciendo negocios desde el gobierno  con el gobierno.

Los políticos están muy desacreditados como líderes de una sociedad que cada vez está más informada, tiene mayores puntos de referencia y es más demandante; en los últimos meses se ha venido evidenciando lo que ya se sabía desde hace varios años; los últimos dos sexenios fueron bastante peculiares en cuanto a prácticas de enriquecimiento ilícito abusando de los presupuestos y de las instituciones de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno.

La corrupción está siendo el tema central del debate público, en los últimos años los electores han votado en contra de candidatos y partidos que consideran que están involucrados en el apropiamiento o en el uso deshonesto de los recursos públicos, el factor corrupción ha forzado la alternancia política en miles de municipios, en decenas de entidades y en la Presidencia de la República.

México es un país con grandes riquezas y potencialidades económicas que sigue siendo pobre en muchos aspectos, incluso en el alimentario; muchos de los grandes problemas del siglo XX solo se han diversificado y hecho más complejos; no existe una cultura gubernamental de acotar y resolver las problemáticas cuando emergen, por el contrario, se evaden las responsabilidades institucionales y se les deja crecer.

Debido al paternalismo presidencialista histórico, mucha gente aún sigue creyendo que el Presidente de la República tiene la obligación de solucionar todos los conflictos y carencias, aunque muchos correspondan a los poderes legislativo y judicial o a los gobernadores y ayuntamientos.

No son solo García Luna, Lozoya o Duarte, son miles, cada entidad y municipio tienen sus propios corruptos impunes, todos saben quienes son y ninguna instancia gubernamental los requiere; es evidente que existe una gran tolerancia a los delitos que cometen políticos y funcionarios ya que son los que menos se denuncian, se investigan o se sancionan; incluso, si hay indicios de corrupción por parte de los ex presidentes, es irrelevante que se haga una consulta pública cuyos resultados son previsibles, la Fiscalía tiene la obligación legal de investigarlos y en su caso de acusarlos.

Buena parte de la fragilidad del Estado de Derecho se debe precisamente a que los diversos órdenes del gobierno no están asumiendo sus responsabilidades como deberían, unos se extralimitan y otros se quedan cortos; se percibe que la lucha contra la corrupción política solo se está dando seriamente desde el Gobierno de Chihuahua y la Presidencia de la República; en el resto de las entidades no parece que les interese avanzar en romper los pactos de impunidad.

Acaba de hacerse público que durante el sexenio anterior la SEDENA utilizó 11 empresas fantasma para desviar 385 millones de pesos; vaya, es alarmante que ni siquiera una de las instituciones que más credibilidad tiene entre la ciudadanía se salve de esas prácticas ilegales.

Mientras haya impunidad se seguirá fomentando la corrupción, debido a que las probabilidades de que los corruptos reciban alguna penalidad o la confiscación de los bienes ilícitamente adquiridos es mínima o nula; en consecuencia, la política seguirá siendo muy atractiva para todos aquellos que quieran enriquecerse en unos cuantos años a costa del dinero público sin correr los riesgos que asumen otro tipo de delincuentes comunes.

@ernestoescobosa

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