Opinión | Madruguetes legislativos

En las dos semanas anteriores, se llevaron a cabo, por parte de la denominada Cuarta Transformación, a través de MORENA, dos albazos legislativos en temas de interés nacional ya que va de por medio el derecho a la privacidad de las personas y la vida democrática y la preservación del Estado de Derecho en nuestro país.

Llevó tan solo un minuto para que fuera aprobada, por mayoría en la Comisión de Asuntos Legislativos, la iniciativa de ley para crear el padrón de usuarios de telefonía móvil, y fue turnada al pleno de la Cámara de Senadores. Uno de los principales objetivos de esta ley es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los operadores recaben la información de los usuarios de telefonía móvil, incluidos los datos biométricos. A decir de expertos en la materia, así como de organizaciones civiles que luchan por los derechos de la privacidad de las personas, les ocupa y les preocupa el posible uso fraudulento que se haga de los datos personales recabados, y les parece demasiado el que se pretendan recabar datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento de rostro y voz).

Resulta contradictorio que un gobierno que enarbola la bandera de la austeridad republicana aliente una medida, la elaboración del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Panaut) cuyo presupuesto, a decir del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rondaría los 1,000 millones de pesos. Además, con esta nueva disposición, México estará en la nada honrosa lista junto a otros 17 países, como China y Venezuela, que obligan a sus ciudadanos a entregar sus datos biométricos.

Pero más grave aún resulta el madruguete legislativo a través del cual, el pasado 15 de abril el Senado de la República aprobó un artículo transitorio con el que se podrá prolongar dos años más la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia que la Constitución mandata limitar a cuatro improrrogables.

El agandalle legislativo es a todas luces anticonstitucional toda vez que en su artículo 97 la Carta Magna establece, entre otras reglas para el funcionamiento del máximo organismo del Poder Judicial,: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Con este fundamento, además, se pone de manifiesto la intromisión del Poder Legislativo en la vida interna del Poder Judicial. De igual forma el transitorio que aprobó el Senado también amplía, de 5 a 7 años, la gestión de otros integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en contraviniendo lo dispuesto en el  artículo 100 de la Constitución.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, beneficiado directo de esta modificación que se pretende, se opuso en su momento a extender la gestión de varios magistrados y, de manera más reciente, se manifestó y votó en contra de la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Enrique Bonilla, de dos a cinco años. Es por eso que al día de hoy, sorprende el que no se haya manifestado o expuesto su punto de vista, ante esta medida atentatoria contra la autonomía del Poder Judicial y que pondría en entre dicho la vida democrática del país.

El desaseo y el descuido en las formas, así como la ilegalidad y la complicidad de senadores que sin ser de MORENA se prestaron para sacar adelante esta maniobra anticonstitucional, quedó resumida con una acción que realizó ante el pleno de la Cámara Alta, la senadora panista Xóchitl Gálvez quien al pasearse mostrando una cartulina por el recinto legislativo, editorializó el momento:

“No sean gandallas”.

ladoscuro73@yahoo.com.mx

@ferramirezguz

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