Opinión | Padrón de Usuarios: el nuevo atentado de AMLO contra la intimidad del ciudadano

La semana pasada legisladores aprobaron crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) para combatir la extorsión y el secuestro, con lo cual los más de 126 millones de usuarios que cuentan con una línea telefónica deberán proporcionar sus huellas dactilares, iris y voz para gozar del servicio móvil. La nueva obligación le da a los propietarios de celulares hasta dos años para que se pongan al corriente. Para quienes acaban de comprar un nuevo chip, tendrán hasta dos meses para cumplir con esta nueva obligación. Pero, veamos los detalles:

1.- El nuevo padrón exige que cada titular de una tarjeta SIM facilite a su operadora telefónica su nombre, dirección, nacionalidad, número de documento de identidad con fotografía y la toma de datos biométricos, entre otros.

2.- Estos últimos datos -los más polémicos- podrían ir desde la toma de huellas dactilares a la identificación de voz del cliente, su reconocimiento fácil o el escaneo de iris. Será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) el que determine cuál o cuáles serán obligatorios, ya que la norma aún no lo especifica.

3.- El IFT tendrá 180 días para concretar este punto y otras “disposiciones administrativas de carácter general” a las que se refiere el decreto. Transcurridos seis meses desde esa aclaración, todo nuevo usuario ya estará obligado a facilitar sus datos para el padrón.

4.- En cuanto a los clientes que ya cuentan ahora con una línea telefónica o que la adquieran antes de ese momento, tendrán un plazo para facilitar sus datos de dos años a partir de la publicación del decreto. Es decir, hasta el 16 de abril de 2023.

5.- ¿Y qué pasará con aquellos que se nieguen a dar su información? La norma es clara y determina “la cancelación en forma inmediata” de las líneas de los clientes que no realicen el trámite dentro del plazo establecido “sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna”.

6.-La Reforma contempla sanciones para quienes no cumplan en tiempo con el registro o decidan no hacerlo, para quienes no informen sobre modificaciones en su línea telefónica, para quien haga uso indebido de la documentación que les sea entregada, alterar o permitir registros con datos falsos o acceder sin tener derecho al Panaut, serán castigados con multas que van de mil 792 pesos hasta un millón 344 mil 300 pesos.

La experiencia en otros países

En Colombia, Uruguay, Argentina e incluso en México, la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía celular, ha fracasado en su intento por detener el robo, la extorsión y el secuestro, advirtieron expertos.

Analistas expusieron a El Financiero,  que entre las fallas observadas en otros países predomina la falta de coordinación entre las entidades relacionadas con el registro y que la sobrerregulación para obtener una línea de telefonía celular genera un incremento en la clonación de equipos y tráfico de chips, además de inhibir el crecimiento en la penetración del servicio.

Los organismos encargados del padrón denuncian falta de presupuesto para proteger los datos, lo que facilita su filtración, como ocurrió en México con el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT) en 2008 y su posterior cancelación en 2011.

La experiencia colombiana

La experiencia de Colombia con su registro de usuarios de telefonía móvil provocó un incremento delictivo, además de vulnerar la privacidad de las personas, aseguró Lucía Abelenda, responsable del equipo de la Tecnología para el Cambio Social en la consultora latinoamericana Fundación Avina.

“Desarrollar una base de datos vinculada al registro de usuarios de telefonía, termina generando un mercado de chips robados, extraídos o clonados, y es probablemente que vaya a aumentar con un registro así. Eso es lo que dice la evidencia en términos de que las personas que están delinquiendo no van a ir a hacer el registro”, advirtió Abelenda.

En 2011 Colombia creó su registro del IMEI (identificador único) operado por las firmas de telefonía móvil y el regulador telecomunicaciones en ese país, sin embargo, desde su instrumentación hace una década, las cifras oficiales indican que el hurto de dispositivos móviles se disparó y anualmente se denuncia un millón de hurtos de celulares.

Comienzan

Joan Antonio Ochoa Sada se convirtió en el primer guanajuatense en interponer un amparo contra el uso de sus datos biométricos en el padrón de usuarios de telefonía móvil. Invita a más ciudadanos a tramitar ese recurso, para el cual ofrece asesorarlos gratuitamente.

Ochoa Sada, activista de derechos humanos, advirtió que tiene constancia “de que se venden los datos personales en el mercado negro” y que la  reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no considera un órgano de control para defender a los usuarios.

Convocó a todos los ciudadanos que se sientan afectados a ampararse para que sus datos biométricos no sean registrados. Hay que escribirle al correo electrónico cyberseguridad.uniendocaminos@gmail.com para obtener asesoría gratuita.

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