Opinión | Se puede nacionalizar lo ya nacionalizado

Con preocupación escuché al Presidente en su mañanera del martes pasado, donde dijo que se acababa de enterar que el Puerto de Veracruz se le había concesionado por 100 años a una empresa privada y que se lo había dicho Rosa Icela, la nueva coordinadora de Puertos.

Primero me sonreí, pensé que era una broma, no entendí cómo era posible que Rosa Icela no supiera que APIVER, S.A. de C.V. NO es una empresa privada, sino una paraestatal, y que el propio gobierno de AMLO había nombrado al director general y ahora lo cambiaría por un almirante en retiro, o sea que su nómina la paga el gobierno, NO una empresa privada.

Luego pensé que el problema era obvio, que Rosa Icela no lo hizo de mala fe, sólo mostró que No tiene la menor idea de lo que es un puerto. Sin embargo, algo más debe haber en todo esto, porque en la mañanera del miércoles el Presidente retomó el tema y dijo que aunque ya sabía que APIVER era una paraestatal, al ser una S.A. de C.V., pues entonces era privada (¡!) y tendría que investigar el porqué de esta firma y que se hubieran otorgado otros 50 años, 10 días después de que él ganó (eso qué importa). Tenía que ver quién era el beneficiado. Seguramente están poniendo cara de ¡What!, y cómo no, todos los puertos mexicanos (salvo el de Acapulco) son concesión a una empresa estatal. Ah y Juan Ignacio Fernández Carvajal era el director de la API, o sea un servidor público.

Sin duda, la confusión viene del desconocimiento, y seguro a la concesionaria a la que se quieren referir es a la de muelle de contenedores y la empresa ICAVE, de capital chino; la Ley de Puertos permite concesionar por 50 años y renovar por otros 50 años e ICAVE financió el nuevo muelle de contenedores en el nuevo Puerto de Veracruz e incluso dragados y protecciones marginales, todo lo anterior dentro de la ley.

NO HAY QUE ASUSTARSE

En Europa las concesiones son a 100 años y también en otros países, en la vida de un ser humano es mucho tiempo, en la vida de un país no es nada. Casos exitosos lo confirman: el Canal de Panamá, a EU; Shangai y Hong Kong, a los ingleses, el canal de Suez, etcétera. El agua de París tiene concesionada más de 150 años a una empresa privada francesa, estacionamientos, aseo de ciudades, etcétara.

Por cierto, cuando se modificó la Ley de Puertos, se bajó de 100 años que podían tener las concesiones a 50 años, obligándose a revisar cada 25 años, sobre todo para revisar que las cesiones (esas sí privadas) mantuvieran el mismo propósito que cuando se les asignó.

Objetar la concesión de APIVER, como lo hizo Rosa Icela, es tanto como reclamar haberle dado derecho a Pemex (otra paraestatal federal) sobre las reservas petroleras del país.

¿QUÉ SIGUE?

Ojalá no sea quitarle la concesión a todas las API’s del país, perdiendo los estándares de productividad que hoy tienen como sociedades mercantiles y sobre todo la norma de la OMI (Organización Marítima Internacional), que dice textualmente que los puertos deben ser competitivos, innovadores, seguros y sostenibles. ¿Y qué harán con los ingresos? ¿Se usarán para programas sociales? Si esta es la nueva política pública, ¿también les quitarán las concesiones a CFE y Pemex?

Creo que Rosa Icela, flamante coordinadora de Puertos, debería ser más cuidadosa en proteger al Presidente y no llevarle cosas a bote pronto, sin el análisis correspondiente.

Sólo va a estar cinco meses más, tiempo justo para organizar una buena entrega a Semar, eso le ocupará todas las horas de su día y la protegerá de no equivocarse otra vez.

La figura de API’s es utilizada en los países industrializados donde, igual que en México, el Estado conserva el dominio de la mar y la tierra y además recibe un pago por ello; las cuantiosas inversiones son privadas, pero la derrama es pública. En México no había asignaciones directas, TODAS eran por licitaciones públicas internacionales y deben contar a priori con la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), y la autorización y supervisión de la COFECE; además todas las API’s presentan estados financieros dictaminados y responden ante SHCP y ASF.

En el caso de México, la seguridad jurídica que representan las API’s ha permitido la inversión privada extranjera y nacional, como en ningún otro lugar de la vida de nuestro país; es un modelo de desarrollo muy exitoso que no resta en absolutamente nada soberanía al Estado mexicano sobre los puertos, pero les permitía crecer, por lo menos hasta el segundo trimestre de 2019, a doble dígito.

Se han realizado inversiones de miles de millones de dólares que han permitido el manejo de mercancías desde y hacia México de 80 por ciento de nuestro comercio y eso, en buena medida, es por la privilegiada posición geográfica; sólo 40 por ciento de los 195 países de la ONU, tienen salida al mar y México la tiene a los dos grandes mares.

CON TODO RESPETO

No le lleve al Presidente ‘ocurrencias’ o ‘descubrimientos’ que solamente ayudan a frenar inversiones, en un momento que mucho las necesitamos. Este es un sector que tiene un gran potencial; por el bien del país, del desarrollo, de los empleos y del crecimiento, promuévalo, no lo frene.

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