El pasado mes de octubre y noviembre, trabajadores de la Delegación Federal del Bienestar fueron despedidos, se inconformaron y realizaron protestas para exigir su reinstalación. Estos trabajadores fueron demandados ante la Fiscalía General de la República, acusados de sabotaje y despojo, delitos por los que podrían estar hasta dos años en prisión.
Los trabajadores decidieron buscar a la senadora por Morena Margarita Valdez, que aseguró haber conseguido reinstalar 34 trabajadores y que las demanda contra ellos quedara sin afecto. Pero sucede que ahora, la senadora ya no les contesta ni el teléfono a los trabajadores.
En una entrevista que subieron a Redes, la señora Margarita Valdez dice que defenderá a los trabajadores, y que como afectaron el patrimonio de la Secretaría del Bienestar, fueron demandados, el tono fue justificativo de la acción en contra los trabajadores.
Sin duda que es el mismo argumento que se utilizaba en contra de lideres sociales en sus luchas reivindicativas. Ecologistas, sindicalistas, activistas del movimiento urbano, defensores de los Derechos Humanos, maestros, entre otros, fueron acusados de delitos similares y mantenidos en prisión, incluso en cárceles de alta seguridad.
Así son las cosas, ahora la senadora Valdez recoge los mismos argumentos represivos en contra de los trabajadores, los justifica y acepta. Su compromiso de defenderlos queda en el aire, y como si fuera prestidigitadora, desaparece, sin que los trabajadores en lucha la puedan localizar.
Como bomba debería de haber caído en la UJED, la información dada por el periódico “La Jornada”, en el sentido de qué en varias universidades del país, después de que se les hizo auditoría, encontraron más de nueve mil millones de pesos sin justificar, entre ellas, la Universidad Juárez dl Estado de Durango (UJED) con cerca de dos mil millones sin justificar.
Pocos meses después de que Rubén Solís llegó a la rectoría, declaró que no había encontrado irregularidades financieras, lo que hace suponer que esta enorme cantidad de dinero, es responsabilidad de la actual administración universitaria.
Las cosas pueden ser delicadas, ya que quien practicó la auditoría que descubrió esta enorme irregularidad, es la Secretaría de la Función Pública, la cual asegura que el faltante es de los recursos que el gobierno federal entrega a las universidades, por lo que se podría tipificar un delito federal.
Muy lamentable lo que pasa en lo que debería de ser la Máxima Casa de estudios, pues no pasa una semana sin que esté metida en la borrasca, que le ha deteriorado y mucho la imagen, debilitado su presencia social.
Hasta hoy, no hay un posicionamiento sobre el tema por parte de las autoridades universitarias. Ante la perdida de autoridad moral, y el prestigio en entre dicho, no parece que preocupe mucho a los administradores de la universidad, quienes se han acostumbrado a ser los protagonistas del escándalo, a tal grado, que les han duros tuit que circulan por Redes Sociales.
Este tema seguramente dará mucho para polemizar, mientras tanto, la Universidad Juárez se hunde en el descredito, a los universitarios no parece importarles mucho, menos a los administradores que se afirma hasta risa les causa esta situación. Según lo que sabemos, lo que hacen es a considerar como sus enemigos, a los pocos que abordamos estos espinosos asuntos, que pena. O no.
