Opinión | Resolver con perspectiva de género

Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos-electorales de las mujeres; su creciente participación y el aumento de su representación política (paradójicamente) ha estado acompañado de un incremento de la violencia en su contra.

La violencia política contra las mujeres en razón de género comprende, entre otras cosas, toda aquella acción u omisión de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer y la ofenden o denostan por el hecho de ser mujer (es decir por razón de género), con un impacto diferenciado hacia ellas, con el propósito o el resultado de menoscabar, minar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de todo tipo de cargo o responsabilidad de carácter público.

Hay que decirlo, la violencia en razón de género lamentablemente deriva de una cultura machista y misógina que históricamente se ha presentado en nuestro país y en nuestro Estado. Esto es una realidad, en el país de México y el Estado de Durango ha imperado la cultura machista, por desgracia, y ciertas conductas que vemos como normales, tenemos que analizarlas y que repensarlas, y -de ser necesario- reeducarnos en esta materia (tanto hombres como mujeres) y no verlas como algo normal.

No quiero tomar una bandera feminista con el propósito de conseguir algún reconocimiento, ni tampoco busco ganar la simpatía de este importante sector de la población, únicamente describo una realidad que es innegable: las mujeres forman parte de un grupo históricamente discriminado. Por esta razón, es que fue necesario emprender distintas acciones, no solo desde el plano nacional sino también internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra la Mujer, son dos instrumentos internacionales que dan muestra de ello.

En nuestro país, recientemente se han emitido protocolos y leyes generales para prevenir y erradicar esta desafortunada violencia, vale la pena destacar la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia y las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta normativa debe respetarse y hacerse respetar por las autoridades que tienen competencia en la materia en cuestión, como es el caso del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, y al resolver, necesariamente se debe hacer bajo una perspectiva de género, buscando maximizar los derechos de los grupos que históricamente han sido desfavorecidos.

Resolver con perspectiva de género implica transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho y actuar de una manera garantista, aplicando una visión crítica de la realidad. Es un método crítico de conocimiento de la norma jurídica, tanto sustantiva como procedimental, así como de expresión en las resoluciones, desvinculando estereotipos y roles discriminatorios universales, evitando contribuir a su perpetuación. Esta perspectiva nos impone la obligación de ser garantes de derechos, reparar y dignificar a quienes socialmente han estado en evidente desventaja, lo que propende al establecimiento real y efectivo del principio de igualdad (igualdad sustantiva).

Pero también es importante que, además de las autoridades electorales, la ciudanía esté vigilante de toda conducta que pudiera afectar la participación política de los grupos vulnerables, es una responsabilidad de todos el pugnar porque la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos se dé en condiciones de respeto e igualdad. Esto es esencial en Democracia.

@David_ArambulaQ

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