Riesgos administrativos para Durango 2022

Mientras transcurre la euforia política de aspirantes y partidos por la próxima elección de gobernador y munícipes, la complejidad de la administración estatal que viene se agudiza cada vez más.

Sería sano que los pretendientes de los cargos públicos entrantes echaran un vistazo a las finanzas que van a heredar, para que luego no se llamen a sorprendidos.

Es común, cuando menos en Durango, que los nuevos gobernadores enfrenten, de entrada, severos problemas de financiamiento, incluso para el pago de nóminas y aguinaldos anuales de la burocracia, toda vez que asumen el cargo cuando ya el presupuesto del año corriente está por agotarse y no siempre sus antecesores tienen la delicadeza de dejar las reservas presupuestales necesarias.

Algunos no han tenido otra que apechugar y cargar con la presión de deudas de corto plazo, pagos pendientes a proveedores y, sobre todo, acometer la deuda pública que los gobernadores salientes acrecientan tranquilamente, mientras “patean el bote” mandando al futuro los gravámenes que, a su vez, ellos recibieron de sus antecesores. Reestructuraciones, les llaman.

Pero como aquí no se estila llamar a cuentas a los que se fueron o exigir el esclarecimiento de las zonas grises de gastos y compromisos de dudosa finalidad y destino, pues “el que venga atrás que arríe” y se acabó.

Preocupa gravemente la composición del presupuesto de gasto de Durango para este año 2021.

De los casi 33,275 millones de pesos de ingresos, solamente 3,140 millones provienen de recursos propios, los otros 30,134 millones son participaciones y aportaciones federales. En contraste, el gasto del poder ejecutivo se eleva a más de 22,140 millones de pesos, de los cuales nada más la secretaria de educación emplea 11,673 millones, es decir, la tercera parte de la totalidad del presupuesto. Otros 6,019 millones de pesos los absorben 14 organismos, fondos y fideicomisos del poder ejecutivo y 2,035 millones son para 7 organismos autónomos. A eso agréguele el costo de la burocracia que sirve a las 15 secretarías y oficinas de la administración central y tendrá un panorama terrorífico de gasto corriente, sueldos y salarios, que truenan a cualquier gobierno.

Creo sinceramente, que se impone, pero al grito de ¡ya!, una severa reestructuración del aparato burocrático, para simplificarlo, acortar tramos y trámites administrativos, desaparecer oficinas que nada resuelven, disminuir el gasto improductivo, y controlar la productividad y rendimiento de todo aquel que devenga un salario con cargo al presupuesto.

¿Qué otros factores son un lastre preexistente para el nuevo o nueva gobernante?

Desde luego está, en primerísimo lugar, el combate frontal y auténtico a la corrupción, que nos ha colocado en los años recientes en el triste cuadro de los Estados líderes en ese flagelo social. Promesas van y promesas vienen, pero nadie ha sido investigado y menos llevado ante la justicia. ¿De verdad no saben los funcionarios estatales o municipales quienes son los corruptos y como se han enriquecido a costa del erario?

Sin embargo, junto a la rendición de cuentas de los abusivos, se debe considerar el rediseño del marco jurídico con el que se combata la corrupción. Revisar las leyes de adquisiciones, las de obra pública, ejercicio del gasto público, licitaciones, arrendamientos, y en general las que regulan todo acto de autoridad del que se pueda desprender un “moche”, mordida o tajada, pasando por el ajuste de las dependencias y órganos supuestamente encargados del sistema estatal anticorrupción, que son verdaderas carabinas de Ambrosio.

Ahí es donde los nuevos legisladores, que han arribado muy entusiastas, deben hacer su labor y entrar de lleno al estudio de esa problemática normativa, sobre todo porque el poder legislativo goza de un presupuesto que este año asciende a casi 310 millones de pesos.

Ofrecieron transparencia y eficacia a los electores, pues a cumplir.

Lo mismo tendría que decirse del poder judicial. Con un presupuesto de gasto que supera los 442 millones de pesos, es imprescindible que se avance decididamente en la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones a la impartición de justicia estatal; en la transparencia sobre el rendimiento y productividad de jueces y magistrados, en función del bien tutelado, que es el acceso pleno a la justicia; en el respeto irrestricto a la carrera jurisdiccional, y en la exigencia a los poderes legislativo y ejecutivo de privilegiar el nombramiento de magistradas y magistrados de carrera, erradicando la nociva y grosera imposición de “cuotas y cuates”, que ofende a la recta y profesional impartición de justicia.

Nada estorbaría que los tres poderes del Estado suscribieran un pacto de alto nivel por la modernización de la gobernación en Durango, que a todos ellos compete por igual. La tarea no es fácil y, en la medida en que se emprenda jalando cada cual para su lado, será aún mas complicada. Se requiere de una verdadera lucha por el cambio, más allá de declaraciones y buenas intenciones. Talento, voluntad y creatividad son elementos básicos para hacer exitosa la idea.

No se debe esperar que el cambio venga de la propia burocracia, porque esta tiene limitaciones y características específicas derivadas de su composición. No siempre son llamados a los cargos públicos los más aptos, hay compromisos políticos que los gobernantes deben cumplir y no son fáciles de eludir.

El cambio tiene que venir de los liderazgos que se construyan en cada uno de los tras poderes y del talento de personas que no formen parte orgánica de la administración estatal. Es decir, dejemos a la burocracia el manejo del día a día y formemos los think tank necesarios para diseñar y gestionar directamente los proyectos capitales para el desarrollo de Durango. La planta potabilizadora y presa Tunal II; el corredor T-MEC; impulso a la competitividad minera; incremento ordenado de la productividad forestal; las nuevas carreteras interestatales y otros proyectos de gran calado que traen aparejado, además del desarrollo económico, empleo y seguridad social para los duranguenses.

Seguir queriendo resolver problemas nuevos con soluciones anacrónicas, es apostar al fracaso irremediable.

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