¿Va en serio la investigación al ex alcalde Enríquez Herrera?

Un gobierno que presume de haber ejercido una administración responsable, liquida a sus trabajadores de confianza que contrató al inicio de su trienio, en el caso de la pasada administración (la de José Ramón Enríquez) dejan un desastre y nos heredan un problema laboral que institucionalmente tenemos que atender.

Tales señalamientos los hizo públicos ayer el alcalde Jorge Salum del Palacio, en el marco de las negociaciones que su gobierno ha iniciado con decenas de empleados de confianza que tuvieron que dar de baja.

Sin embargo, este posicionamiento que abandona las buenas formas que la actual administración se impuso guardar a partir del mes de octubre pasado, tiene una clara explicación en tres elementos que a continuación presentamos:

1.- La inexistente ética profesional que ha mostrado uno de los funcionarios más destacados en el gobierno de Enríquez Herrera: Ernesto Aguilar, quien no obstante de haber fungido como el abogado del Ayuntamiento y del Oftalmólogo, durante el conflicto con el Congreso del Estado, en 2019, y desempeñarse como juez administrativo, ahora sea quien esté asesorando a los ex trabajadores de confianza que hoy demandan laboralmente al Ayuntamiento de Durango, por supuesto despido injustificado.

— Aunque la explicación sobre esta actividad de Ernesto Aguilar se justifique en el derecho a trabajar de manera lícita, el tema de fondo el político. Cómo es que uno de los personajes más cercanos y de toda la confianza de José Ramón Enríquez, ahora asesore a ex trabajadores de confianza contratados en el gobierno de Enríquez Herrera, cuando el mismo José Ramón debió liquidarlos al momento de cerrar su gobierno.

2.- La semana pasada, el mismo Ernesto Aguilar, filtra ante los medios de comunicación el dato de la confiscación de una de las cuentas bancarias al Ayuntamiento de Durango, de parte de un juez, para garantizar el pago de indemnización a trabajadores conflictuados laboralmente. Tal filtración volvió a tener una lectura política que sorprendió mal parado al equipo del alcalde Salum del Palacio.

3.- La versión que ha comenzado a proliferar en el sentido de un reducido grupo de “ambientalistas” se prepara para una nueva campaña en contra de la instalación del puente elevado en el bulevar Francisco Villa, a pesar de las correcciones que ya se hicieron, golpearía mediáticamente al gobierno de Salum, en donde se asegura que luego de revisar los permisos exigidos a los que llevan a cabo esa obra, la instalación del puente está listo y comenzará en algunas semanas.

Ante esta serie de maniobras del grupo de Enríquez Herrera, el pasado viernes los medios de comunicación dieron a conocer la información sobre la aprobación de la mayoría de los integrantes del cabildo, para que sea el Congreso del Estado, quien investigue y defina el destino del ejercicio administrativo de los últimos dos meses del gobierno de José Ramón.

El documento fue presentado para su valoración en primera instancia ante la Comisión de Hacienda del Municipio de Durango, el cual fue turnado al Cabildo mediante dictamen no aprobatorio.

El alcalde Jorge Salum del Palacio declaró que el pasado ejercicio fiscal cerró con comportamiento complicado, a pesar de que se tuvo un balance presupuestal sostenible.

Indicó que al cierre de 2019 se tuvieron ingresos superiores a los mil 450 millones de pesos y gastos de dos mil 301 millones de pesos, lo que da una diferencia de 170 millones de pesos.

Sin embargo, las obligaciones a corto plazo superan en más de 14 millones de pesos al activo circulante, el cual cerró en 168 millones de pesos, con un pasivo de 283 millones de pesos, debido a que las participaciones no fueron entregadas en tiempo y forma al Ayuntamiento por diferentes circunstancias.

Esto ocasionó que al final de 2019 se tuviera que solicitar un crédito de 50 millones de pesos, para hacer frente a los compromisos del cierre del año.

La deuda a proveedores es de 159 millones de pesos, pero además se han detectado facturas que fueron pagadas sin tener la papelería correspondiente que acreditara la prestación de algún servicio o producto.

“Esto es parte del desorden administrativo con el que se manejaban las finanzas municipales, mismas que ya han sido subsanadas”, expuso el presidente municipal.

Son cerca de 20 millones los que fueron pagados sin que existiera la documentación que acreditara la prestación de algún servicio o producto, por lo que se presentó ante la Comisión de Hacienda la propuesta de crear un Comité Permanente dedicado a analizar este tipo de asuntos.

A través de la auditoría que se encuentra en proceso, se revisa si algunas de estas facturas están relacionadas con funcionarios que se desempeñaron durante  la administración 2016-2019.

En lo general, las empresas involucradas son locales, aunque el alcalde no quiso hablar de los giros y montos en lo particular, para no entorpecer las investigaciones en proceso.

Citó que la administración anterior cerró con un balance presupuestal del más de 72 por ciento del presupuesto ejercido, al 31 de agosto de 2019, cuando debió haber sido el 66.67 por ciento; más del 5 por ciento de desfase.

En este contexto, Salum del Palacio consideró que durante gran parte de 2019 el recurso público se ejerció de manera indebida, lo cual ocasionó que se presentaran problemas de liquidez al cierre del año para esta administración 2019-2022, la cual asumió su responsabilidad el 1 de septiembre del año pasado.

El dictamen en contra de la cuenta pública 2019 fue votado a favor por los regidores de todos los partidos representados en el Cabildo, a excepción de los de Movimiento Ciudadano, partido el que forma parte el exalcalde Enríquez Herrera, quien actualmente funge como senador de la República.

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