Shakira rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública, por lo que decidió ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía en su inocencia.
La agencia de la artista dio a conocer que se mantuvieron conversaciones con la Fiscalia de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.
La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
La artista ya pagó esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.